Por
  • Eva Sáenz Royo

Razón y pasión (educativa)

Libros de texto almacenados en una librería de Zaragoza a comienzos de la pasada campaña escolar
Libros de texto almacenados en una librería de Zaragoza.
Aránzazu Navarro.

La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza publicó en septiembre pasado un interesante informe titulado ‘El libro educativo en España: curso 2019-2020’. Estando ya la llamada Ley Celáa en el Congreso, de este informe son dos las cuestiones que quisiera destacar. Por una parte, se hace un esfuerzo importante por sintetizar las diferentes ayudas que las familias reciben para adquirir el material escolar en función de las Comunidades Autónomas. Por otra parte, se denuncia un fenómeno colateral que ha provocado la Ley Wert.

Respecto a las ayudas para el material escolar, se denuncian las diferencias entre la autonomías y también la cierta improvisación con cada nuevo gobierno autonómico (incluso con cada curso escolar). Básicamente hay dos modelos de gratuidad (ayudas directas y préstamo de libros) con diversas variantes según cada comunidad y la implicación autonómica puede ir de la menor (en Cataluña con una inversión por alumno de 5,75 euros) a la mayor (en Andalucía con 108,3 euros). Desde esta Asociación se aboga por una coordinación estatal en las ayudas, con una renovación editorial cada cuatro años, que permita a las editoriales una mínima planificación. Es cierto que desde el Estado se podría establecer un programa de gratuidad específico. Pero este es un terreno proclive a la diversidad en el Estado Autonómico. Votar en unas elecciones autonómicas tiene sentido si las autoridades autonómicas pueden elegir entre invertir en material escolar o construir una carretera.

Se denuncia en el informe también los diferentes contenidos en las asignaturas. En este sentido se señala que la distinción que hace la Ley Wert entre asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica ha llevado a una mayor diferenciación en los contenidos de las asignaturas entre las autonomías. Esto lleva a una inevitable repercusión en los costos de edición, ya que se tienen que hacer diferentes libros según las Comunidades. Esta dispersión es –creo- menos justificable en nuestro Estado Autonómico. ¿Acaso vivir en Andalucía o Aragón puede justificar que las matemáticas o el francés tenga diferentes contenidos que en Cataluña? ¿Es que existen peculiaridades autonómicas en los contenidos de la biología?

En los países que se han tomado en serio la regulación del referéndum (Suiza, EE. UU. o Alemania) se obliga a que cada tema que se discute tenga un folleto informativo con los argumentos muy sintetizados a favor y en contra. Así, por ejemplo, en California se publica una guía de información al votante en la que hay un resumen de la propuesta, declaraciones inéditas de los grupos que apoyan y se oponen a la propuesta y las contraargumentaciones por cada uno de estos grupos. Se trata de un claro esfuerzo por la racionalización del debate democrático en los referéndums.

Visto que en los debates parlamentarios la pasión –y el insulto- también se adueña de nuestros representantes, y que demostrado queda que su condición humana no es superior a la de los gobernados, igual habría que exigir una guía informativa similar para cada una de sus propuestas. Y más en el ámbito educativo, proclive como es a la bronca y a la falta de acuerdo. No estaría de más que a los votantes nos trasladaran una guía informativa con los argumentos a favor y en contra de, por ejemplo, la uniformidad de los contenidos en las asignaturas. O sobre unos criterios de evaluación homogéneos o diferentes en la EVAU. O sobre la necesidad o no de que la religión compute para el acceso a la Universidad.

Sin duda sería este un gran avance. Pero no se engañen. La racionalización del debate no llevaría al consenso en todas las cuestiones. Existen discrepancias ideológicas lógicas en una sociedad plural. La democracia no se diseñó para crear consensos, sino para la organización racional de las discrepancias. Pero solo desde la razón seremos capaces de respetar la discrepancia. Y de llegar a acuerdos. La política debe regirse por la razón y dejar la pasión para otros terrenos. Esperemos que este período estival sirva a nuestros representantes a que se desahoguen con sus pasiones y que en septiembre vuelva la razón a la política. La necesitamos. Buen verano.

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