¿Me lo tengo que creer?

Uno de los plenos del Congreso de los Diputados.
'¿Me lo tengo que creer?'.
E. P.

Dos clases de personas que por oficio cuentan cosas sucedidas para información del público son los periodistas y los historiadores.

No obstante, hay muchos otros narradores profesionales de la verdad, más o menos objetivada. Los policías, de forma continuada redactan atestados, consistentes en relatos descriptivos, dotados, según la ley, de presunción de veracidad: se presume que cuanto dicen es cierto.

Los fiscales, los jueces y los abogados se ocupan de hechos reales, como los médicos, los notarios -’Nihil prius fide’, nada antes que la fe pública- y registradores; pero también quienes redactan facturas y albaranes dan cuenta, que debe ser fidedigna, de sucesos de otra especie, usualmente con mención de objetos, fecha y hora, receptores y portadores si se trata de un envío, etc. Incluso un mero tique de caja, en un comercio o en un bar, suele ya llevar todos esos detalles especificados y coletillas que se suponen útiles como "Le atendió Menganita". Otra cosa es que lo anotado sea cierto, mediando dolo (factura falsa) o sin mala fe (no atendió Menganita, por estar de baja, sino Fulanito, su suplente temporal). Pero, aunque lo consignado no sea verdad, puede tener valor vinculante, esto es, crédito –del latín ‘credo’, creer– como si fuera cierto: en una reclamación o en caso de devolución, los datos del recibo obrarán como si fueran verdaderos. La justicia, muy obligada a dotar de certeza a sus actuaciones, distingue en las sentencias, necesariamente, entre ‘antecedentes de hecho’ y ‘hechos probados’ y el juzgador refleja en los segundos el crédito que les asigna.

Significa eso que la sociedad se rige por relaciones de confianza y buena fe. Cuando se ven defraudadas, la erosión va más allá del caso particular. Es muy importante poder fiarse, en general.

La persona a quien se concede crédito tiene autoridad, aunque carezca de poder. Por eso es importante que un político resulte fidedigno.

Un ejemplo acabado. No merece crédito un político que publica en un libro esta deposición garrafal: "Ideología significa idea lógica [sic] y en política no hay ideas lógicas (...). En política no sirve la lógica, no resultan válidos ni el método inductivo ni el método deductivo".

Constancia ¿digna de fe?

Seguir a algunos de los más importantes líderes reales –por ejemplo, los banqueros, los presidentes de grandes compañías o fondos de inversión, etc.– no es sencillo porque suelen manifestarse poco. Los altos mandos militares, de forma muy tasada por ley. En cambio, los representantes sindicales, patronales o eclesiales hablan a menudo y comprometen su crédito de forma que se plasma en las hemerotecas y videotecas. Por eso son tan importantes los diarios de sesiones parlamentarios: las palabras de los políticos que hacen las leyes y controlan al Gobierno, así como este mismo, constan (de modo suficiente, pero discutible, porque los redactores corrigen los defectos de los más torpes). El estatuto de estos esforzados redactores ordena "la reproducción íntegra de las intervenciones y sucesos que tengan lugar en las sesiones del Pleno y de las Comisiones" y la redacción del Diario de Sesiones. Es difícil hablar con faltas de ortografía, pero, con caridad desmedida, se corrigen los fallos léxicos y sintácticos de quienes incurren en ellos y se procede metódicamente a la enmienda de incorrecciones o ambigüedades que afean la lengua al pasar a papel la intervención oral. Es decir, que se corrige el estilo de quien carece de él o lo tiene malo. Eso redunda en pérdida de fidedignidad, bien que debe ser protegido, so pena de abrir otra grieta por la que se pierde confianza y se suscita la duda: ¿me lo tengo que creer? Cierto que no se altera la sustancia del discurso, pero se tiene por necesaria, sin serlo, la adaptación del lenguaje oral al escrito. Este criterio, acaso procedente con una conferencia que haya de editarse luego, es prescindible en la transcripción de lo dicho en un parlamento que, por definición, consiste en pronunciar ‘parlamentos’, esto es, discursos orales para los oyentes. La benevolencia de los Diarios de Sesiones produce así un ‘aprobado general’, como esos pandémicos que la ministra Celaá dice que no se conceden y otorgan el ‘progresa adecuadamente’ a quien, de forma obvia, ‘necesita mejorar’. ¿Se lo puede usted creer?

Guillermo Redondo, de cuya muerte hace hoy cinco años, decía que Zurita era fidedigno porque veía documentos y desechaba leyendas. Y –poniendo cara de pícaro– porque no tuvo que publicar nada sobre los arcanos y hechos de su señor Felipe II (I en Aragón), quien lo había puesto en la cima administrativa de la Santa Inquisición. (Ojalá que no exijan quitarle las calles por esto).

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