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Opinión

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El Gobierno tiene que cumplir con Andorra

Por
  • Heraldo de Aragón
ACTUALIZADA 01/07/2020 A LAS 02:00
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La central térmica de Andorra.
Javier Escriche / Europa Press

Los trabajadores de la térmica de Andorra pusieron fin ayer a cuatro décadas de carbón con una protesta a las puertas de la central reclamando que el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe de una vez el convenio de transición que prometió. El cierre definitivo de la central es un símbolo histórico del pasado y el futuro del Bajo Aragón. Su presencia generó riqueza y prosperidad en la zona; su relevo, si es bien ejecutado, debería alimentar también la esperanza en la comarca. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene que concretar de inmediato los planes comprometidos para asegurar el futuro de este territorio.

La comarca de Andorra fue testigo ayer del cierre definitivo de su principal motor económico y auténtica seña de identidad local. Los 120 trabajadores de la central tienen asegurado su futuro laboral, muchos trabajando para Endesa en las tareas de desmantelamiento. Además, la compañía instalará un gran parque de energía solar fotovoltaica. No obstante, estas iniciativas deben ser complementadas para garantizar a largo plazo un número de puestos de trabajo estables similar o incluso superior al que proporcionaban la central y el carbón. Ahí es dónde todavía sigue pendiente, de forma totalmente injustificada, que el Gobierno concrete y firme el convenio de transición justa, llamado a compensar las graves consecuencias que tiene el fin del carbón en el territorio, y sin avances en la elevación de aguas del Ebro, clave para atraer nuevas empresas.

Esta crónica de un cierre anunciado, pero nunca suficientemente justificado sino es por la falta de voluntad de inversión para garantizar la limpieza medioambiental por parte de Endesa (en manos del grupo italiano Enel), no tiene su correlato en la acción del Gobierno para lograr que el final de la vida de la instalación tenga el menor impacto socioeconómico en la comarca. Los dos Ejecutivos de Pedro Sánchez se han mostrado muy ágiles en la desactivación de la térmica, pero mucho menos en definir el prometido convenio de transición justa. A pesar de las dificultades presupuestarias que ha traído el coronavirus, el plan es una necesidad ineludible y un compromiso del Gobierno de España que no cabe ir aplazando mientras se avanza en la demolición. El final de la térmica tiene unas consecuencias sociales y económicas que, si no se toman inmediatamente medidas compensatorias suficientes, serán catastróficas para varias comarcas turolenses. Una parte de los fondos europeos para la transición energética debe dedicarse a poner en marcha un plan de reindustrialización de las localidades afectadas. Sin esa reconversión sociolaboral es complicada la supervivencia demográfica de una comarca emplazada en el corazón de una provincia ya muy castigada por la despoblación.

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