Ayer, a las 7.37 de la mañana, la central de Andorra quemó su última paletada de carbón y se desconectó de la red eléctrica. Todo indica que por la chimenea de la térmica no volverá a salir humo. Un hecho, que va en consonancia con la prevista descarbonización, pero que deja en la comarca andorrana una sensación de amargura. El Gobierno tiene que concretar de inmediato los planes prometidos para crear empleo y garantizar una transición justa.

A pesar de que todavía no ha llegado la autorización administrativa para el cierre, la térmica de Andorra dejará este martes de estar operativa oficialmente, porque no cumple la normativa ambiental que se aplicará desde el 1 de julio. Los trabajadores de la central y de las empresas auxiliares y todos los ciudadanos de Andorra han escuchado en los últimos años muchas promesas y han visto pasar a visitantes políticos y ministeriales proclamando buenas intenciones. Pero el anunciado convenio para la ‘transición justa’ no se ha firmado y se desconoce cuál será su contenido y, sobre todo, su respaldo presupuestario. La empresa todavía generará empleo durante varios años en las complejas tareas de desmantelamiento de la propia central, e instalará un gran parque de energía solar fotovoltaica. Pero estos proyectos deben ser complementados para garantizar a medio plazo un número de puestos de trabajo estables similar al que proporcionaban la central y el carbón. Y sin esa aportación laboral el peligro de una ola de despoblación, en una comarca y una provincia ya muy castigadas, resulta más que evidente. Tras 39 años de funcionamiento, la térmica dejó ayer de quemar carbón para siempre. Es ya el momento de que el Gobierno empiece a cumplir sus compromisos y saque a toda una comarca de la situación de incertidumbre en la que vive. Todo Aragón ha de estar al lado de los andorranos para exigir una solución estable que garantice un proyecto a largo plazo para el empleo y la comarca.