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Opinión

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Investigar y explicar la mortalidad

Por
  • Juan Manuel Iranzo Amatriaín
ACTUALIZADA 26/06/2020 A LAS 02:00
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso.
E. P.

Los datos oficiales de la pandemia en España permiten ya apreciar qué ha ocurrido en estos meses y aprender lecciones de la tragedia.

La variable clave es el tiempo; su mejor indicador, el exceso de mortalidad observada. En España, esta superó la media histórica del 13 de marzo al 22 de mayo; en Aragón, del 23 de marzo al 4 de mayo. ¿Cuándo debería haberse dictado el confinamiento para evitar tantas muertes? Resten a la primera cifra el intervalo máximo de 14 #días de latencia del virus y añadan unos días en la UCI. Sí, algo antes del 1 de marzo. Pero recuerden que Aragón detectó su primer caso el 4 de marzo. ¿Cómo habríamos podido asumir semejante medida en esa situación? España solo detectaba algunos casos aislados, venidos de fuera, hasta que empezó la transmisión comunitaria exponencial, hacia el 25 de febrero. Fruto de la inexperiencia y la impreparación, la falta de medios hizo que algunos expertos en puestos clave, y luego el Gobierno, y la oposición, que no urgió precisamente a tomar medidas drásticas, tardasen más de dos semanas en advertir o hacerse cargo de la magnitud del peligro. Luego, la falta de juicio y responsabilidad de quienes incumplieron la cuarentena (más de millón y medio de denuncias, más de 5.000 detenidos por resistencia a la autoridad) extendió y prolongó una mortandad que debió haber caído drásticamente ya a mediados de abril (así en Aragón, sea por solidaria disciplina o por eficaz disuasión policial: somos la comunidad con más denuncias en relación con la población).

El resultado es un exceso de mortalidad de 43.340 personas en España en esos días (casi 28.500 oficialmente confirmadas); de hecho, más, porque la mortalidad por accidentes de circulación o laborales, y otras causas, fue muy baja en ese lapso. En Aragón el exceso de mortalidad es de 869 personas; la cifra oficial de muertes, 911. Parece que nuestra sanidad ha hecho un buen trabajo de registro. Aunque nuestra tasa de prevalencia, la población con anticuerpos contra el virus, es el 5,2 por ciento, la media nacional, nuestra tasa de fallecidos por millón de habitantes es 688, algo más que la nacional (600) por ser población más anciana y porque al menos 760 de los fallecidos eran mayores que vivían en residencias: el 83,4 por ciento del total y más del 90 por ciento de los muertos mayores de 65 años, cuando son menos del 6,5 por ciento de todas las personas de esa edad. Eso no indica necesariamente que la gestión de las residencias haya sido peor aquí que en otros sitios, aunque puede ser. Debe compararse el porcentaje de residentes fallecidos en cada comunidad y ponderar que Aragón tiene una población más envejecida y más proporción de mayores en esos centros, y que la dispersión de la población en pequeños y medianos núcleos rurales y barrios favoreció mejor que en las urbes la protección de los mayores en sus casas, por su propio cuidado y por parte de sus redes familiares y vecinales.

Una investigación rigurosa e imparcial podría determinar aproximadamente cuándo ocurrieron los contagios, cuándo hubieran debido tomarse las medidas capaces de evitarlos, por qué se llegó tarde y qué protocolos deben institucionalizarse para que algo así no ocurra nunca más. Establecer las variables causales relevantes para los diversos perfiles de esta mortalidad catastrófica en distintos lugares y el porcentaje de la varianza que explica cada una de ellas, que es la cifra realmente importante, no es algo que pueda hacerse calculando a vuelapluma unas medias aritméticas y un par de porcentajes. Solo cuando estén claros los hechos, más complejos que esas crudas cifras, podrá dilucidarse la responsabilidad de que sucedieran. Luego, los tribunales, y quizá alguna comisión parlamentaria, determinarán, en su momento y según les competa, si las personas responsables de la gestión de la crisis en las residencias son inocentes o culpables de falta de previsión, incompetencia, negligencia o conducta criminal.

Ahora solo sabemos que si se las hubiera protegido perfectamente nuestra tasa de mortalidad por millón de habitantes sería aproximadamente 114, no 688 . Y que debemos a nuestros muertos una pronta explicación. Es lo mínimo.

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