Caso práctico

Los ciudadanos, a diario y sin saberlo, resolvemos pequeños casos de Derecho. Recurriendo a un inquietante término acuñado por el Tribunal Constitucional, ‘operadores jurídicos primarios’, al fin y al cabo, somos todos. Especialmente en la rama del Derecho más próxima a la política, el Derecho Constitucional. Precisamente por ello, en este ámbito, el riesgo de dar una respuesta diferente a dos casos iguales es alto, pues al ser el Derecho más politizado incita a ser condescendientes con los nuestros e implacables con el resto. Quien así procede, empero, violenta el principio democrático esencial de igualdad ante la ley. Dos casos idénticos no deben ser resueltos por un mismo individuo de manera diversa, ya que, de ser así, al menos una de las partes estaría siendo discriminada.

Estos días se han planteado varios conflictos en relación con el derecho de manifestación: escraches a miembros del Gobierno y manifestaciones, en contra y a favor, de las causas más diversas. Quienes se han acercado a estas controversias desde sus prejuicios ideológicos han puesto, posiblemente, la primera piedra para errar en la resolución del caso. No puede apoyarse el actual escrache a un vicepresidente del Gobierno y criticarse otro, a esa misma figura, ocurrido en 2013. Ni viceversa.

En Derecho, en contra de lo que se cree en ocasiones, no cabe todo. Cabe, a lo sumo, aquello que está bien fundamentado. Y un argumento que viola el principio de igualdad es, necesariamente, un argumento inconsistente.