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Opinión

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Llega el Fondo Covid

Por
  • Heraldo de Aragón
ACTUALIZADA 18/06/2020 A LAS 02:00
El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, en la comparecencia de este lunes en las Cortes solicitada por el PP para explicar el impacto del coronavirus.
El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.
Cortes de Aragón

La DGA cifra en 398 millones de euros la inyección económica que Aragón podría recibir de los 16.000 millones integrados en el Fondo Covid no reembolsable impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Supondría, en este caso, una mejora del 4,18% de la cantidad prevista inicialmente. Aun así, la Comunidad se tendrá que conformar con un 2,4% del importe total, mientras que Madrid y Barcelona acapararán el 40%. El fondo habilitado es imprescindible para auxiliar a las CC. AA., pero el reparto es mejorable porque Aragón tiene que prestar servicios sociales a una población dispersa por un territorio muy extenso.

La puesta en marcha del fondo de 16.000 millones de euros no reembolsables para las Comunidades, un volumen sin precedentes, les va a servir a estas para financiar los ingentes gastos causados por el coronavirus. El problema, como siempre ocurre con la financiación autonómica, es fijar con equidad los criterios para el reparto del dinero. Aunque el consejero de Hacienda defiende que Aragón ha mejorado un 4,18% la cantidad consignada al inicio, es un hecho que, como otras Comunidades de la ‘España vacía’, se ve penalizada porque no se tiene lo suficientemente en cuenta la extensión del territorio y el envejecimiento y dispersión de la población. Madrid y Cataluña, en cambio, salen más beneficiadas, ya que, además de ser las que concentran el mayor número de decesos, son las más pobladas tras Andalucía.

Aragón tiene que emplearse ahora a fondo para reactivar cuanto antes su economía, sin descuidar ni un ápice la vigilancia sanitaria. Para ello cuenta con más dinero, que habrá que utilizar buscando la mayor eficiencia y rentabilidad social. No obstante, sigue pendiente el asunto de la mejora del sistema de financiación autonómica, en el que los gobernantes deben insistir en pedir que el reparto contemple el coste real de la prestación de servicios.

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