Salud pública y ciencia jurídica
Especialistas de las ciencias distintas de las ‘naturales’ han aportado sus saberes a la lucha contra la pandemia. La ciencia del Derecho público, ocupada de la organización y gestión institucionales y de la paz y el bienestar sociales, no se ha quedado atrás. Los juristas hemos analizado y criticado durante este período de excepción la legalidad de las medidas de contingencia: el alcance de los poderes gubernamentales durante el estado de alarma, sus consecuencias en los derechos civiles y en los negocios, la eventual responsabilidad patrimonial del Estado… Pero estas contribuciones han sido reactivas y no preventivas, de modo que no han servido para evitar conflictos, sino más bien para suministrar argumentos a quienes en su día se enfrenten en ellos.
Sin embargo, hay otro tipo de aportaciones científico-jurídicas que todavía pueden brindar soluciones inteligentes y tempestivas a los problemas que nos acechan. Gracias a ellas estamos en condiciones de anticipar todas las cuestiones no estrictamente biomédicas relacionadas con la producción, adquisición, conservación, dispensación y vigilancia de la vacuna.
Con el descubrimiento de la vacuna comenzará una nueva carrera mundial por garantizar su inyección en la mayor cantidad posible de seres humanos que habitamos el planeta. Ello abrirá un nuevo episodio en la actual crisis, que podremos afrontar con garantías de éxito si atendemos a los desarrollos de la ciencia jurídica especializada en la prevención de riesgos sanitarios. El binefarense César Cierco, inminente catedrático en Lérida, publicó allá en 2006 su libro ‘Administración Pública y salud colectiva: el marco jurídico de la protección frente a las epidemias y otros riesgos sanitarios’, cuyas enseñanzas nos habrían aprovechado mucho de haberse aplicado antes de desatarse esta crisis. Pero importa ahora destacar que su obra inauguró una serie de estudios sobre las dimensiones jurídicas de la prevención sanitaria que han explorado casi todos los aspectos regulatorios de la vacunación.
El profesor Cierco nos viene advirtiendo de que las vacunas son una solución a un problema que, a su vez, plantean problemas que hay que solucionar.
Cualquier lector ajeno a la ciencia del Derecho comprenderá el alcance de esos problemas, encapsulados en las siguientes cuestiones: ¿vacuna obligatoria, recomendada o voluntaria?, ¿vacuna objetable (renunciable)?, ¿vacuna para todos o solo para grupos de riesgo (y quiénes los integran)?, ¿cuál de las vacunas disponibles en el mercado, una exclusiva o cualquiera de las homologadas (y quién la homologará)?, ¿vacuna gratuita, de pago o en copago y, en todo caso, a qué precio?, ¿vacuna dispensada por centros públicos asistenciales, mutuas profesionales, farmacias u otros agentes colaboradores?, ¿vacuna dispensada simultánea o sucesivamente?, ¿cómo se acreditará la vacunación?, ¿cómo se garantizará la seguridad de la vacuna?, ¿vacuna para animales, posibles vectores del virus?
Nuestras autoridades deben aplicarse a la tarea de responder a estos interrogantes, atendiendo a las orientaciones de la ciencia jurídica. Como cantaba Munárriz sobre partitura del recientemente fallecido y llorado Aute, "todo está en los libros".
