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Opinión

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Una semana debatida

ACTUALIZADA 15/06/2020 A LAS 11:50
El ministro del Interior asegura que el informe sobre el 8M entregado a la Fiscalía, se filtró a la prensa la misma noche en la que fue entregado
El ministro del Interior

El magistrado Grande-Marlaska se la jugó antaño valientemente con los matarifes de ETA. El ministro Grande-Marlaska se la está jugando hoy a los ciudadanos. En pocas fechas ha declarado que «el Gobierno no discute la naturaleza militar de la Guardia Civil», sabiendo que su vicepresidente segundo la propone sin rebozo. Y ya ha facilitado cuatro versiones, cuatro, sobre el motivo de la destitución del jefe de la Comandancia de Madrid, puesto de relevancia en el Instituto armado.

Primero fue una mera pérdida de confianza; de inmediato, que se trataba de un rediseño general; al poco, que el destituido no había informado a sus superiores acerca de ciertas diligencias encomendadas por una magistrada a subordinados del coronel, en funciones de policía judicial; y, en fin, que la causa era que había trascendido a la prensa un primer informe preliminar de los guardias a la juez que les encomendó las averiguaciones.

Uso político de la Guardia Civil

Este frente innecesario de discordia no ha sido abierto por la oposición conservadora, más pugnaz que eficaz. El ministro Garzón (IU, sector podemita), asegura que en las Fuerzas de Seguridad –Guardia Civil y Policía Nacional– hay quien defiende «como propio el discurso que invita al golpe de estado». Formalmente será verdad –alguno habrá que piense así–, pero no es un juicio atinado sobre los uniformados.

Iglesias, en la Moncloa misma, afirma que la desmilitarización busca dar a los guardias civiles más «derechos sindicales y laborales». Es muy taimado. Primero, porque sabe, o debería, que la renuncia a ciertos derechos, como el de sindicación (pero no al de asociación, que utilizan) la hacen libremente los militares por su peculiar estatuto legal; en España como en toda democracia.

Segundo, porque mejorar la situación de los guardias requiere mejorar cuatro cosas principales, sin necesidad de revoluciones legales: equipo, retribución, alojamiento y más atención a la conciliación con la vida familiar.

De todo este barullo en que Grande-Marlaska está sumido, la razón inmediata –la de fondo, más aviesa, no se ve–, es una investigación iniciada por la Guardia Civil a las órdenes de una juez, la cual ha archivado la causa, en un auto complejo que apunta otras posibilidades. Trata de los sucesos masivos del 8 de marzo y busca acreditar si las autoridades sabían o no de antemano que el virus SARS CoV-2 campaba ya por España y extendía la temible covid 19. Según lo que se esclarezca en estas indagaciones inconclusas podrían caer altas torres. El propio presidente Sánchez forma facción al referirse con recelo a la Guardia Civil en sus funciones judiciales. Así: «Me gustaría que los informes de la Guardia Civil se elaboraran con garantías y confidencialidad». Todo un síntoma. ¿Y un aviso?

El subsidio universal

España se va a incorporar a la lista de países europeos que asisten a sus ciudadanos desposeídos con una ayuda pública. Era hora. Bastantes Comunidades Autónomas ya habían implantado la ayuda, por encomienda constitucional. La sesión parlamentaria del día 10 vedó, no obstante, a los españoles conocer algo sobre la imprescindible memoria económica que debería añadirse a la propuesta, carente también de los informes de los Consejos de Estado y del Económico y Social. La iniciativa es buena, pero su desarrollo podría acabar mal. Habrá que afinar mucho, pronto y bien.

A vueltas con el DS

El Diario de Sesiones del Congreso –hay otro en el Senado– muestra finura al anotar entre comillas simples el disparatado ‘monomarental’ de la republicana Tellechea (día 3), al que también se ha abonado el separatista Matute (día 10); y muestra inteligencia al consignar el «Jolín, qué pena, chicos», de la exministra Carcedo, actriz que peca de de exceso mímico. Pero pierde fidedignidad por exceso de celo. Si Rufián dice estatus quo, para exhibir su culta latiniparla, el redactor no debe consignar ‘statu quo’, que es el ablativo correcto. Si Sánchez dice ‘libertad a contagiar’ o ‘frenar a la pandemia’, no debería constar que dijo ‘de contagiar’ y ‘frenar la pandemia’. Maroto soltó «estará de acuerdo que», y no «estará de acuerdo conmigo en que». Asens habla de ‘retaílla’, pero consta retahíla. Al contrario, queda tal cual Vehí, que dice una memez («De esos barros, estos lodos»), sin que el Diario trueque los barros en polvos; y no cambia a Delcy el Gladys que Rufián adjudicó como nombre a la viajada vicepresidenta de Venezuela.

El Premio a la Rudeza Mental es para el mentado Rufián: «Solo un fascista entre la verdad y la mentira elige la mentira a sabiendas». Qué tío. Y la Medalla a la Presunción Ontológica va a la redomada filóloga Isabel Celaá, que, refiriéndose a sí misma, ha construido el potente sintagma «el ministerio en pleno y la ministra en pleno». Indisputable.

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