A la espera de que mañana entremos en la fase 3, acariciando ya el abandono del estado de alarma, la crispación se mantiene fuertemente enganchada a la suela de los zapatos de la clase política nacional. La supuesta intencionalidad atribuida al Gobierno en la ocultación de la gravedad de la enfermedad en el mes de marzo, una acusación que deberán resolver los tribunales, o las críticas sobre la falta de diligencia en la gestión sanitaria han desatado un agrio enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición que anticipa las muchas dificultades entre las que se desplegarán las tareas de recuperación. Resultaría ventajista jugar a las ucronías y valorar qué hubiera pasado en otro escenario político, aunque sí parece difícil de ignorar la inclinación del Ejecutivo de Pedro Sánchez hacia el conflicto. 

Lejos de la búsqueda de la propagación de la confianza, el Gobierno, que ha mostrado un evidente enfrentamiento interno en asuntos clave, no ha logrado gestionar cuestiones tan delicadas como el conteo diario del número de fallecidos -tanto el Instituto Nacional de Estadística como la Organización Mundial de la Salud difieren de los datos aportados por el Ministerio de Sanidad- o el imprescindible respeto hacia los procedimientos judiciales. Bajo una situación de absoluta excepcionalidad, con todo un país confinado y presa de una angustiosa realidad que confiemos no vuelva a repetirse, se ha echado de menos una visión más transversal con fuerza suficiente como para ofrecer un mensaje de unidad. Aparte de que muchas de las decisiones de la desescalada se hayan visto afectadas por la sombra de la desconfianza política o que los movimientos del Gobierno para lograr los respaldos para superar las sucesivas prórrogas del estado de alarma hayan ofrecido incomprensibles maridajes y una imagen irreconocible del PSOE para buena parte de sus votantes, nada ha sido tan dañino como la pérdida de entendimiento entre los partidos constitucionalistas. 

En democracia, la vuelta a la normalidad también debe ser sinónimo de reclamación de responsabilidades políticas, al igual que de una exigencia parlamentaria por el conocimiento de los planes del Ejecutivo, por lo que la gravedad de lo vivido exige un acuerdo mayor, más allá de la constitución de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso. Los imprescindibles cambios que demandará esta nueva etapa post-covid, con seguras transformaciones sanitarias, laborales, económicas o impositivas no se podrán abordar sin grandes consensos y cesiones compartidas.

La vida política, incluidas las próximas citas electorales en el País Vasco y Galicia, puede mostrarse bajo un clima de oportunidad partidista o bajo un generoso enfoque que evite una crispación añadida. Desde luego, el gran fracaso de esta crisis ha sido la enorme pérdida de vidas humanas, pero no priorizar la construcción de un mensaje de colaboración, el mismo que reclaman los ciudadanos, solo podrá considerarse como una nueva equivocación. En este sentido, el acuerdo firmado en Aragón por todos los partidos políticos -con excepción de Vox-, empresarios, sindicatos y ayuntamientos, que también ha tenido su reflejo en el consistorio de Zaragoza -sobre el que han preferido abstenerse Vox y ZEC-, marca el oportuno rumbo para encarar un trabajo que no será fácil y que también requiere de la colaboración entre todas las administraciones.

miturbe@heraldo.es