Se estima que la covid ha matado en residencias española de servicios sociales, sobre todo en geriátricos, a más de 19.000 personas; más o menos, el 45% de los fallecidos según las cifras de sobremortalidad. En Aragón, la proporción sería mayor: en torno a 650 fallecidos sobre algo más de mil. Una desproporción tan pavorosa ha obligado a dar explicaciones y a definir actuaciones de cara al futuro.

Las dos causas mayores han sido el retraso en la intervención y el inadecuado modelo de atención. Un estudio de salud pública que reconstruyera cronológicamente la pandemia en las residencias, exponiendo en paralelo la evolución de casos, ingresos y decesos con las decisiones y la progresiva implementación de medidas de protección, concluiría que, si bien no hay seguridad perfecta, las medidas organizativas y técnicas idóneas reducen mucho el riesgo respecto al inicio de la crisis. Las autoridades políticas no actuaron a tiempo debido a su ignorancia inicial, que, por generalizada, se da por inocente, salvo que los jueces decidan lo contrario.

Los jueces también investigan actuaciones de responsables de residencias, y a esto se añade la sorprendente revelación de un consenso tácito previo sobre la necesidad de renovar el funcionamiento de esos centros. Hace poco, en estas mismas páginas, el Justicia de Aragón hablaba del problema, que tiene un gran peso en el último informe del Defensor del Pueblo. Este afirma claramente que hay que mejorar la información: no estamos seguros de cuántas residencias y usuarios hay realmente. Señala también que las ratios de personal y usuarios están manifiestamente desfasadas y deben revisarse al alza, distinguiendo categorías profesionales: cuidadoras inmediatas, personal sanitario y otros. Subraya, además, que se debe mejorar la cualificación del personal, dar más presencia a la atención médica y a la enfermería, y aumentar las inspecciones no anunciadas de los centros.

Nótese que la solución común a los dos problemas, coyuntural y estructural, parece ser la ‘medicalización’ de estas instituciones. La necesidad de incorporar en las residencias medios materiales y protocolos hospitalarios ha hecho temer un conflicto de competencias que se expresa indirectamente en términos de cómo garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los usuarios con el mínimo menoscabo de su dignidad y sus derechos personales.

Incidentalmente se menciona que esto elevará el coste de la asistencia y se alude a la necesidad de una mayor contribución de la Administración. Nada se dice de la difícil situación fiscal en que el Estado se encontrará en la gran recesión incipiente, ni menos aún de auditar el modelo de negocio de las empresas propietarias de las residencias. La falta de transparencia del sector es tal que adolecemos de una profunda ignorancia sobre su ‘robustez’. ¿Opera al filo de la quiebra o bien con un margen holgado que permitiría asumir parte del mayor coste social que conllevará garantizar los derechos de personas mayores y con discapacidad en el mundo post-covid-19?

Es crucial que el Justicia destaque la necesidad de mejorar el reconocimiento social, salarial y profesional de las trabajadoras de cuidados, y de potenciar los órganos de participación democrática de residentes, familiares, empleados, asociaciones… Porque la sociedad civil, las organizaciones de quienes menciona el Justicia son extraordinariamente débiles en este ámbito. Ya es un gran logro que esa autoridad, imparcial y respetada, les reconozca y les preste su voz. Tiene nuestra gratitud por ello.

Pero las declaraciones no bastan. Hay que partir del valor central de la libertad. La premisa de los ideales de envejecimiento activo y atención centrada en la persona es la prolongación de la vida independiente con calidad. La mejor residencia es la que no hace falta. No habrá mejor momento para movilizar la capacidad de investigación, innovación y gestión de nuestra Comunidad y, con la participación de todos los involucrados, diseñar un mecanismo inteligente y diverso capaz de dar apoyo integral, digno, seguro, efectivo en términos de costes y personalizado a cuantos lo necesitan.