La votación de la quinta prórroga del estado de alarma ha suscitado un debate especial. Es normal. No se puede negar la relevancia de lo sucedido. Pero creo que se vela la cuestión más trascendental. Me refiero a la mayoría parlamentaria que soporta la acción de gobierno. O, más bien, a la ausencia de esta.

La epidemia ha sometido a situaciones de tensión a estructuras de la más diversa índole. También a la acción de gobierno y al contraste de sus apoyos parlamentarios. En este punto, debe recordarse la fragilidad de la situación de partida. El Gobierno presidido por Pedro Sánchez dispone de un apoyo seguro de tan solo 155 diputados. Alianzas coyunturales pueden elevar hasta cerca de 165 el número de apoyos relativamente estables. Aun así, el margen hasta la mayoría absoluta que garantiza la plena efectividad de la acción de gobierno es amplio. Hasta 176 diputados, restan once escaños. Para la investidura, esos votos fueron aportados por ERC. Pero los diputados de Esquerra se limitaron a apoyar la investidura de Sánchez. En ningún caso se comprometieron a conformar una mayoría estable de gobierno. Por el contrario, declararon abiertamente que la gobernabilidad de España no les importaba en absoluto. 

Así, la Legislatura comenzaba con un Gobierno soportado por una mayoría parlamentaria frágil e inestable. Los precedentes, más de cuatro años de inestabilidad política severa, añadían incertidumbre y gravedad a este hecho. Se creía que la primera prueba de fuego para esa precaria mayoría sería la aprobación del presupuesto. Sin embargo, el azar, siempre caprichoso, ha dispuesto que su solvencia haya sido sometida a prueba antes de lo previsto. El estado de alarma, con las distintas votaciones alrededor de sus sucesivas prórrogas, ha generado una ocasión de la máxima importancia para acreditar la solidez del acuerdo político que sostiene al Gobierno. La respuesta ha sido inequívoca. Esquerra ha sido coherente y ha antepuesto su interpretación de los intereses territoriales a la necesidad del Gobierno de contar con sus votos para prorrogar la alarma y no perder unas votaciones decisivas. Hasta casi el final, el Gobierno se pudo sostener sin demasiados problemas por el sentido del voto de PP y Ciudadanos. Cuando el PP comenzó a cambiar su posición, el Gobierno constató su precaria posición parlamentaria. En este punto, resulta preciso insistir en algo esencial. Al Gobierno no le falla el PP, partido de oposición. Al Gobierno le falla uno de sus socios de investidura.

La debilidad de la posición del Gobierno y los riesgos que conlleva se pusieron ya de manifiesto con motivo del debate y votación de la quinta prórroga del estado de alarma, el pasado 20 de mayo. Una sesión que reveló no solo debilidad de apoyos sino evidentes pareceres disímiles, si no contradictorios, en el Gobierno. Este supero la votación con un ejercicio de la geometría variable acuñada por José Luis Rodríguez Zapatero. Apoyos diferentes según la votación de que se trate. Hay quien piensa que esta puede ser la estrategia a seguir ante la dificultad de lograr apoyos estables. Creo que no es una opción ni realista ni conveniente. No es realista porque 155 escaños son muy pocos para confiar en ella. No es conveniente porque el Gobierno no deberá abordar las tareas propias de un tiempo normal. La gestión de la crisis provocada por la pandemia exigirá de una determinación incompatible con la búsqueda aleatoria e imprevisible de múltiples alianzas. Por supuesto, la inestabilidad interna reflejada en relevantes contradicciones públicas, tampoco ayuda.

Llegados a este punto, la conclusión es evidente. La forma parlamentaria de gobierno descansa sobre la existencia de mayorías sólidas. España lleva cinco años sin ellas y los daños sobre el sistema institucional y las políticas públicas son hace tiempo evidentes. En los próximos meses, años, es un lujo que este país, sencillamente, no se puede permitir. La construcción de una mayoría estable y amplia es la primera de las tareas que deben enfrentarse. Sin ella, todo lo demás se antoja una quimera. Las distintas fuerzas políticas se enfrentan a una responsabilidad histórica y deberán ser juzgadas en función de su capacidad de respuesta ante semejante reto.