El Tribunal Constitucional Federal de Alemania dictó el 5 de mayo una polémica sentencia sobre si el programa de compras de valores públicos en mercados secundarios del Banco Central Europeo, puesto en marcha en 2015, se ajustaba a la legalidad alemana. El TC consideró que era ‘parcialmente inconstitucional’, y que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 11 de diciembre de 2018, que respaldó dicho programa, era ‘objetivamente arbitraria’ e ‘insostenible desde una perspectiva metodológica’. Con cierta premura, el TJUE avisó en una nota, el 8 de mayo, que era ‘el único competente’ para pronunciarse sobre la legalidad de los actos del BCE, y de no ser así, ‘se podría comprometer el ordenamiento jurídico de la UE y la igualdad entre los Estados miembros’. Asimismo, la sentencia ha derruido la piedra angular del ‘whatever it takes’ (hacer todo lo que sea necesario) en la que se asienta el Plan Lagarde y que es una extensión del Plan Draghi. El dictamen supone un intento de frenar cualquier iniciativa tendente a la mutualización de la deuda o a la emisión de eurobonos. La tensión entre Alemania y el BCE ha perjudicado la posición de la UE y de sus Estados como se acredita con las subidas de las primas de riesgo y las turbulencias en los mercados. La sentencia ha profundizado en las diferencias entre los Estados del norte y los del sur y ha erosionado todavía más la solidaridad entre ellos. El proyecto de integración europeo sufre de lo que el observador más comprensivo llamaría el mito de Sísifo frente a su propia evolución económica y jurídico-política.