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Opinión

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No politizar la justicia

Por
  • Heraldo de Aragón
ACTUALIZADA 28/05/2020 A LAS 02:00
Fernando Grande-Marlaska este miércoles en el Congreso
Fernando Grande-Marlaska este miércoles en el Congreso
Efe

La sesión de Control al Gobierno se centró ayer en Fernando Grande-Marlaska, al que PP, Vox y Cs le exigieron su dimisión por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. El ministro del Interior ha cometido graves errores de injerencia y prepotencia, tensando de forma totalmente inoportuna las relaciones del Ejecutivo con la Guardia Civil. Además, no tiene sentido, y menos en estos momentos, utilizar los tribunales para hacer política. A la juez instructora le compete dictaminar sobre la relevancia judicial del informe de la Benemérita y de otras pruebas a su alcance. A los partidos parlamentarios les corresponde no politizar la justicia y centrarse en los problemas sanitarios y económicos que acechan al país.

La Abogacía del Estado acusa a la juez Carmen Rodríguez-Medel de haber abierto una «causa general» contra el Ejecutivo por investigar si el delegado del Gobierno en Madrid cometió un delito de prevaricación al autorizar la convocatoria de la manifestación del 8-M en plena expansión del coronavirus. Este órgano jurídico, dependiente del Gobierno, añade así más leña al fuego de la polémica. No obstante, lo fundamental es separar el proceso judicial del político. El poder tutelador de los jueces y el control de legalidad que la Constitución les encomienda no pueden ser instrumentalizados por los partidos para utilizarlos en sus pugnas por el poder.

La judicialización de la política, bien a través de la jurisdicción constitucional bien de la ordinaria, no es perniciosa, sino todo lo contrario, pues permite controlar al poder arbitrario. Por eso, la España democrática se subió a la ola de judicialización, que comenzó en EE. UU. en el siglo XIX y siguió en Europa en el XX, con la creación de un Tribunal Constitucional en la Carta Magna de 1978. Lo que sí resulta dañino para una democracia es la politización de la justicia cuando esta ejerce su papel de baluarte del Estado de derecho.

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