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Opinión

la tribuna

Las empresas españolas en la UCI

Por
  • Joan Carles Codina Campaña
ACTUALIZADA 27/05/2020 A LAS 02:00
Parte de un polígono industrial.
Polígono industrial.
HA

La covid-19 ha acabado contagiando también a nuestro sistema productivo, las empresas están enfermas y van directas a la UCI. No estamos ante una reforma de la ley, sino más bien ante un ajuste de la existente a las extraordinarias circunstancias que vivimos. Ajuste que busca más evitar el colapso de la justicia mercantil por la vía concursal que la ayuda a las empresas.

Seguramente nuestra Ley Concursal, ley 22/2003, de 9 de julio, ha sido una de las leyes más reformadas desde su entrada en vigor, el 1 de septiembre de 2004. Todas esas reformas han respondido a necesidades de ajuste a la realidad social del momento de su modificación. La Ley Concursal hizo su irrupción con el objeto de ser una poderosa herramienta en manos de los deudores para reestructurar sus empresas en tiempos de crisis y darles así una viabilidad y, en el peor de los casos, una liquidación ordenada que redujera al máximo los daños en el tejido productivo. En la propia ley estaba implícita la conciencia de que es más fácil dar viabilidad a una empresa que destruirla para crear otra. No obstante, a pesar de esta buena intención, la Ley Concursal se reveló rápidamente como una potente máquina de triturar empresas. Así, después de la última gran crisis (2007-2017) y a pesar de las diferentes reformas ‘ad hoc’, solo un 7,5% de las empresas que entraron en concurso sobrevivieron, dejando un enorme agujero en el tejido empresarial español.

Los ajustes que practica el RDL 16/2020 se van a dividir en tres bloques fundamentales, el primero dirigido a los concursos ya existentes, el segundo a los nuevos y el tercero a la agilización en la tramitación de los concursos.

Así los concursos existentes con convenio, que parten de unos fundamentos que con la pandemia han cambiado completamente, que ha provocado la insolvencia sobrevenida de estas empresas, bien porque no pueden cumplir el convenio pactado o acuerdo de refinanciación o bien porque no pueden atender a los nuevos créditos, que han nacido fuera del convenio y que, sin un ajuste normativo, llevan ‘ex lege’ a la concursada a su liquidación, no es posible un concurso dentro de otro concurso. Esta situación se resuelve permitiendo que la concursada presente una solicitud de modificación de su convenido que se adapte a las nuevas circunstancias y, en su caso, incluya los nuevos créditos impagados, extendiendo así el convenio existente a los nuevos créditos.

En el segundo bloque, que contempla las nuevas situaciones de insolvencia, se suspende el deber de solicitar la declaración del concurso hasta el 31 de diciembre de 2020 y se impide que los jueces admitan a trámite las solicitudes de declaración de concurso necesario, propiciando una demora en la llegada de concursos a los juzgados mercantiles y por tanto evitando su colapso temprano, al tiempo que permite a la deudora un tiempo extraordinario no previsto inicialmente en la ley que le puede ayudar a reestructurarse sin el corsé del concurso. Esta medida será de utilidad si va acompañada de ayudas económicas; si no, será una trampa peligrosa para empresarios sin liquidez, quienes pueden demorar la presentación del concurso al amparo de esta norma sin caer en la cuenta de que no están protegidos por la declaración concursal, por lo que pueden ver cómo diferentes acreedores proceden a la ejecución y liquidación parcial del patrimonio de sus empresas, colapsándolas completamente y haciendo imposible su viabilidad. Hubiera sido muy interesante que el legislador hubiera complementado esta medida, extendiendo los beneficios de la declaración del concurso a las empresas cuya insolvencia proviene de la covid-19 y durante el periodo de suspensión del deber de presentar la solicitud de concurso.

Por último, se prevé una batería de medidas que buscan la agilización de los concursos, de tal manera que se reduzca su permanencia en los juzgados, liberándolos para que puedan atender a nuevos concursos. En estas medidas se incluye la resolución de las demandas incidentales sin que sea necesario la celebración de vista, la reducción de las pruebas propuestas a la pericial y documental, que las subastas de bienes y derechos de la concursada sea extrajudicial, o que la falta de contestación a la demanda incidental se considere un allanamiento, acortando así el procedimiento. Todo este esfuerzo normativo no va a servir de mucho si no va acompañado de medidas económicas reales que doten de liquidez a las empresas y familias con problemas.

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