La confianza y la lealtad entre las personas que forman parte de una organización son esenciales para su funcionamiento. Pero esas virtudes deben darse en los dos sentidos, tanto de arriba abajo como al revés. Si el superior pierde la confianza en sus subordinados, mal asunto. Pero si son estos los que encuentran motivos para desconfiar del jefe, entonces las cosas se ponen todavía peor. Se diría que esa es la situación en la que se encuentra, en este momento, el ministro del Interior respecto a la Guardia Civil. La destitución del del comandante del Cuerpo en Madrid ha suscitado duras críticas por parte de asociaciones profesionales de guardias civiles. Y, además, ha llevado al número dos del Cuerpo, el director adjunto operativo, Laurentino Ceña, a adelantar su retiro. El general Ceña marca de esa manera su desacuerdo con el trato dado por el Ministerio al coronel Pérez de los Cobos. El ministro del Interior es, entre otras cosas, el máximo responsable político de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Que su actuación en este caso haya parecido arbitraria e injusta resulta grave. Y, obviamente, deteriora su autoridad. Y es la segunda vez, además, en medio de las urgencias de la pandemia, que Interior deja la impresión de que pretende que la Guardia Civil proteja, no solo al Estado y a los ciudadanos, como es su tarea y obligación, sino las posiciones políticas del Gobierno. Grande-Marlaska ha cometido un serio error. El que los retrasos en la toma de medidas contra la covid den lugar a responsabilidades penales es discutible, pero deben determinarlo los tribunales. Las interferencias del Gobierno solo empeoran las cosas, dañando el Estado de derecho.