La destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid deja la sensación de que han sido consideraciones partidistas las que han motivado la «pérdida de confianza» del ministro del Interior en un mando cuya profesionalidad no ha sido cuestionada. Y no es la primera vez que el Gobierno deja traslucir una visión sectaria respecto a la dirección de las Fuerzas de Seguridad.

Las unidades bajo el mando del coronel Pérez de los Cobos han tenido en las últimas semanas que hacerse cargo de cuestiones políticamente sensibles, como la protección del domicilio del vicepresidente Pablo Iglesias frente a las protestas o la investigación de la denuncia presentada por posibles delitos en el retraso de las medidas preventivas contra la covid-19. Pero nada indica en principio que esas misiones no estuvieran desarrollándose de manera correcta y siguiendo los criterios de profesionalidad y legalidad a los que se atiene y debe cumplir la Guardia Civil. Hay que subrayar que la investigación sobre la autorización de la manifestación del 8-M y de otros actos, que afecta al delegado del Gobierno en Madrid y al epidemiólogo Fernando Simón, ha sido ordenada y es dirigida por un juzgado de Instrucción y se trata por tanto de una cuestión judicial, que el ministro Grande-Marlaska debiera ser el primero en respetar, por más que incomode al Gobierno del que forma parte. El cese del jefe de la Comandancia madrileña resulta difícil de justificar y se suma a incidentes anteriores en los que también se apuntaba una posible instrumentalización partidista de la Guardia Civil por parte del Gobierno. Pérez de los Cobos, por otro lado, dirigió en 2017 el operativo de la Guardia Civil en Cataluña frente al desafío independentista, con lo que quizás su destitución sirva para complacer a ERC, socio cuyo apoyo el Ejecutivo intenta recuperar. Se impone que el ministro dé al Congreso y a la ciudadanía mejores explicaciones que las ofrecidas hasta ahora.