Por
  • José Luis Beaumont Aristu

Biscarrués vuelve a ser solo un pueblo

El puente de Santa Eulalia, que quedará bajo las aguas del embalse de Biscarrués.
El puente de Santa Eulalia.
Rafael Gobantes

Como letrado de las entidades locales y de la Coordinadora de Biscarrués en el proceso judicial frente al proyecto del pantano que ha culminado con la sentencia del Tribunal Supremo, creo de interés apuntar algunas consideraciones que sirvan para entender la decisión judicial y salir al paso de algunas interpretaciones que se alejan de la verdadera razón de la anulación definitiva de este proyecto y de la pretensión de construir una presa en Biscarrués.

La verdadera razón de decidir la anulación judicial está en la no acreditación de que responda ni pueda responder a un ‘interés público superior’ al interés particular de sus promotores o al ‘general’ que en abstracto pudiera predicarse del mismo. Tras afirmar que la mera declaración de interés general del proyecto por el Estado no equivale ni es equiparable a ese interés público superior, dice el Tribunal que solo en caso de inexistencia de otras alternativas que sean una opción medioambiental significativamente mejor, esas razones de interés público superior que permitan el proyecto solo pueden ser las que respondan a la necesidad de proteger valores fundamentales para la vida de los ciudadanos (salud, seguridad y medio ambiente), de garantizar políticas fundamentales para el Estado y la sociedad o de cumplir obligaciones específicas de servicio público.

Esta condición no es baladí. En el proceso judicial nadie ha acreditado que este pantano responda a esas razones de interés público superior, lo que afecta no solo a este pantano sino a cualquier otro proyecto con objetivos puramente económicos para embalsar agua para regadío, respecto del que nadie podrá nunca acreditar que responda a tan altas y singulares necesidades superiores colectivas.

Por respetables que sean, los objetivos económicos de unos no responden ni pueden responder a esas necesidades colectivas, lo que debiera ahora llevar a una profunda reflexión a la Comunidad de Riegos del Alto Aragón, que acaba de ver rechazadas por el Supremo todas sus pretensiones y que, eludiendo sus propias responsabilidades, valora la decisión judicial huyendo hacia adelante para apuntar responsabilidades de quienes sostiene no justificaron en el pantano anulado ese interés público superior (como si no fuera la propia Comunidad, como promotora principal de la obra, la obligada a ello), y señalar que eso se puede justificar con un nuevo proyecto.

Por el contrario, la pionera decisión del Tribunal Supremo supone, desde esta perspectiva ‘juridificada’ de la discusión, el punto y final del proceso seguido para la detención del pantano. Tras décadas comprometido con la pelea social y ecologista frente a grandes infraestructuras hidráulicas y trabajando a la vez en su vertiente legal-judicial, siempre me ha sorprendido la posición de esta comunidad de riegos que continuamente se exhibe, invocando concesiones de hace más de cien años, como ‘propietaria’ del agua del río Gállego (de sus ecosistemas y del medio de vida que representan), posición que no es razonable ni admisible tras más de treinta años del ingreso del Estado en una Unión Europea que legisla para todos, para la protección del medio ambiente y del agua en el interés (superior) de la colectividad.

Aunque para el beneficio de la colectividad procediera el rescate de parte de las concesiones que esgrime esta Comunidad para presentarse como dueña del agua del río, quizás sea mucho mejor para todos que sin necesidad de tal rescate esta Comunidad asuma por fin que el río Gállego no es ni va a ser nunca de su propiedad, y asuma también que para poder afectar gravemente al agua del Gállego tienen una exigencia legal imposible para ellos de cumplir (en cuanto que sus riegos y actividades económicas no son de interés público superior).

Sin vencedores y sin vencidos, de modo muy afortunado para el conjunto de la ciudadanía, creo que es una magnífica noticia que Biscarrués haya vuelto a ser solo un pueblo y no el nombre de ningún futuro pantano, para que todos los vecinos de La Galliguera miren al futuro de frente y sin los miedos del pasado que tan injustamente les fueron impuestos durante décadas.

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