Hace un mes abordé aquí la disputa académica entre los defensores del estado de alarma y quienes, ante la intensidad del confinamiento, consideraban pertinente el de excepción. El debate puede tener su interés, aunque posiblemente el Tribunal Constitucional considere correcta la declaración de la alarma. Como dije, ‘salus populi suprema lex est’.

Hoy, el debate aún trae cola. Si bien, la disputa ha sobrepasado el mundo de la Academia y ha entrado, de lleno, en el de la política. Y al cruzar esta frontera la cuestión se ha desordenado un poco. La oposición comenzó a exigir la declaración del estado de excepción, pues, aunque de declararse aquél su posición no se veía especialmente reforzada, esta reivindicación le permitía desgastar al Gobierno. ‘Business as usual’.

Poco después, la oposición cambió de criterio y planteó mantener el confinamiento al margen del estado de alarma y también, sorprendentemente, del de excepción. Lo que hacía unos días debía decidirse en el marco de la excepción, pasaba a poder ser acordado por el legislador ordinario. Este giro es comprensible políticamente, pero inconsistente desde una perspectiva lógica. Y muy arriesgado desde un punto de vista jurídico. ‘Business as usual’, también.

El legislador puede regular el aislamiento individualizado de un sujeto, pero es difícil que pueda diseñar una reclusión generalizada. Una medida tal solo debería caber en un contexto de emergencia. De lo contrario, la nueva normalidad será menos garantista que la vieja.