La grave dimensión de esta crisis nos ha hecho apreciar el valor de los gobiernos cercanos, de menos gritos y más respeto. Para empezar, el de los alcaldes, que desde el minuto cero se han ocupado de sus municipios tanto como de sus propias casas. En los sitios pequeños, preocupándose por los vecinos, especialmente los mayores; organizando la desinfección de las calles con tractores y sulfatadoras o asegurando el aprovisionamiento de alimentos y medicinas. Y en los grandes, como Zaragoza, desplegando una compleja red de servicios y de prestación de ayudas para que todo el mundo haya tenido un sitio donde protegerse y accedido a bienes de primera necesidad. Los vecinos los hemos sentido ahí y, Zaragoza, por ejemplo, ha sido de las ciudades con más transporte público o donde se han implantado medidas pioneras que han mejorado la prevención.

En el frente autonómico, han sido los gobiernos regionales los que han tenido que librar la batalla más directamente. Lo hemos visto en directo en el de Aragón, que se ha defendido como ha podido de los lastres de origen del Mando único, que se arrogó todos los poderes cuando no tenía medios y, en consecuencia, ni podía proporcionar la protección necesaria a los sanitarios, ni test para controlar los contagios. De hecho, hemos tenido que llegar a la décima semana del estado de alarma, y con 27.000 fallecidos, para que las mascarillas sean por fin obligatorias: solo ahora se puede asegurar el suministro, y después de que las distintas instancias hayan tenido que buscar vías de aprovisionamiento.

Frente a ese Mando único, el Gobierno de Aragón ha tomado medidas pioneras en lo que le competía, alguna tan dura como conveniente de crear las residencias Covid para alojar a los ancianos contagiados y evitar mayores estragos. Y ha lanzado y defendido otras muy pegadas a la realidad (España no sólo es Madrid y Barcelona) como que la desescalada tenga en cuenta los tamaños de las poblaciones, que se piense en el campo, la industria y el turismo, o su preocupación por cosas aparentemente pequeñas pero importantes, como es poder atender el huerto.

Es el espíritu de la cogobernanza verdadera, que se ha abierto paso a puro de tropiezos. Ya se ha dicho muchas veces: la gestión de esta pandemia es muy difícil. Pero aún lo es más si no se miden las propias fuerzas. El Ministerio de Sanidad apenas tiene 2.000 funcionarios, frente a los 80.000 sanitarios que posee, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. La carga es pues de las Autonomías, no del Estado, que sí tiene toda la competencia en prevenir y advertir los riesgos. Y lo empeora gobernar con un Consejo de ministros con 22 miembros.

Si ya resulta incierta, imprevisible y costosa la insuficiencia parlamentaria de Pedro Sánchez, 22 ministros son demasiados para ser eficientes. Ante el curso que viene, los titulares de Educación, de Universidad y de Investigación tendrán que sincronizar sus discursos si no quieren desatar una espiral de confusiones y criterios cambiantes, cuando además las competencias clave están en otras manos. Ya lo hemos vivido en varios ámbitos. Por no hablar de los líos que montan algunos para combatir su irrelevancia.

Deberían ponerse en el lugar de las familias de las víctimas, que ya se están preguntando si la fatalidad era inevitable. De hecho, la Fiscalía ha abierto en toda España 374 investigaciones para averiguar si hubo negligencia o desatención a mayores fallecidos en residencias.

Exigencia, sí; prudencia, también. Además, cogobernanza y más aún, corresponsabilidad. En Aragón las conocemos bien. Con prácticamente todos los partidos implicados en el Gobierno de alguna de las principales instituciones aragonesas, todos tienen alguna tarea en la lucha contra la pandemia y en la recuperación siguiente. Eso nos ha ahorrado ruido y oportunismos.

Ojalá los luminosos paisajes que nos esperaban en los confines de cada provincia, como las Sierras de Herrera o de Santo Domingo, sean profetas de que todo va a ir a mejor. Allí no hay demagogia. Sí, un silencio sanador.