La anulación definitiva en el Tribunal Supremo del proyecto de embalse de Biscarrués deja pendientes una vez más, tras cuarenta años de espera, las demandas de Riegos del Alto Aragón para consolidar y ampliar los regadíos en Monegros II y en la Hoya de Huesca. Se hace necesario ahora buscar una solución para las necesidades de los regantes, con rigor administrativo y siempre con el mayor grado de acuerdo que sea posible alcanzar.

Como cabía suponer tras la sentencia dictada en 2017 por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ha ratificado la decisión de aquella y ha anulado el proyecto y la declaración ambiental del embalse de Biscarrués, por contravenir la directiva europea del agua. El Tribunal ha entendido que no se justificó suficientemente por qué el interés público alegado para construir la presa era superior a los intereses afectados. La regulación del Gállego, reclamada por Riegos del Alto Aragón para consolidar y ampliar los regadíos en Monegros II y en la Hoya de Huesca, sigue enredada en las consecuencias de una deficiente tramitación administrativa que finalmente ha sido rechazada en los tribunales. Hay que recordar que la previsión de un embalse en el Gállego se remonta al menos a hace cuarenta años; y que, en Aragón, los agentes sociales y las fuerzas políticas han realizado desde 1992 un amplio e intenso esfuerzo para encauzar las obras hidráulicas por la vía del consenso, con vistas a hacer compatibles en la mayor medida que fuera posible intereses y puntos de vista diversos. El Gobierno de Aragón ya había anunciado, a principios de año, la convocatoria de la Mesa de Diálogo del Agua. Cuando la pandemia lo permita, ese debe ser el foro en el que se busquen y se acuerden, con el mayor grado posible de consenso, soluciones para garantizar los regadíos pendientes de Monegros, el cierre del sistema de Riegos del Alto Aragón y la realización de otras obras imprescindibles del Pacto del Agua.