A cada palo, su vela
Fue un error eliminar en 2001 la sanidad de los Presupuestos Generales del Estado. Porque contradice el diseño constitucional del sistema nacional de salud. Porque se le priva al Estado del principal instrumento de política social. Porque hemos creado unas Comunidades Autónomas incapaces de asumir su responsabilidad fiscal –o política. En fin, fue un error porque en un momento determinado alguien confundió decisión con gestión. Y nadie lo sacó del error.
Durante el régimen de Franco, la prestación de la asistencia sanitaria era de carácter contributivo y estuvo íntimamente vinculada al haz de derechos de los trabajadores y de sus familias, dejando fuera a importantes colectivos sociales. La necesidad de que la protección de la salud se extendiera a colectivos ajenos a los trabajadores explicaría que en los debates constituyentes fuera constante e indiscutido el reconocimiento de un derecho a la salud a todos los ciudadanos desvinculado del régimen público de Seguridad Social y financiado por impuestos. La segunda cuestión debatida en sede constituyente consistía en determinar las competencias que corresponderían al Estado y a las Comunidades Autónomas. En este sentido, exceptuando Minoría Catalana, todos los grupos parlamentarios estaban de acuerdo en la necesidad de que los españoles gozáramos de una igualdad básica en asistencia sanitaria establecida desde el centro. A partir de este mínimo se concedería a las Comunidades Autónomas la posiblidad de introducir mejoras y, sobre todo, de gestionar las decisiones estatales. Así se estableció en el texto constitucional.
Con la primera legislatura socialista y el ministro Ernst Lluch a la cabeza del Ministerio de Sanidad se aprobó la Ley General de Sanidad en 1986. Su aprobación supuso el comienzo de la implantación en España del sistema nacional de salud, la universalización de la asistencia sanitaria, su financiación vía impuestos y la descentralización en la gestión. En la votación final no se obtuvo la aprobación de los grupos parlamentarios popular (por no garantizarse la libre elección de médico) y comunista (por posponerse la universalización –en el sentido de gratuidad– de la sanidad).
Actualmente gozamos los españoles de un sistema nacional de salud universal, financiado por nuestros impuestos y con un amplio reconocimiento de servicios que las Comunidades Autónomas pueden mejorar (asistencia dental para menores, cirugías de cambio de sexo, métodos anticonceptivos…). Hasta 2001 este sistema era financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado. A partir de 2001 básicamente a través de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas. A alguien se le ocurrió que las Comunidades Autónomas debían de pagar lo que decidía el Estado. No solo gestionarlo.
Ahora que se pide incrementar la financiación de la sanidad nos encontramos con que el Estado no puede utilizar de manera constante –y no solo puntual- el instrumento por excelencia de toda política social: los Presupuestos Generales. Por el contrario, son las Comunidades Autónomas las que tendrían que aumentar sus presupuestos. ¿Haciendo uso de su capacidad impositiva? En absoluto. Mejor es que el Estado nos siga transfiriendo un porcentaje cada vez más amplio de sus impuestos. Al fin y al cabo, eso es lo que se ha venido realizando en los últimos veinte años. Lo de menos es la progresiva demolición del Estado y la parcelación del sistema sanitario. Más nos valdría permitir al Estado invertir en sanidad (y que se vea en sus presupuestos) y dejar que las Comunides Autónomas gestionen esa inversión y, si acaso, mejoren los servicios con sus impuestos. Y que cada palo aguante su vela. Muchos palos y solo uno con vela no parece muy razonable.
