En 2001, los atentados del 11-S supusieron la primera crisis mundial de seguridad. En 2008 se producía la crisis económica. Este 2020, la pandemia se ha extendido a todo el mundo, con efectos perturbadores tanto en el ámbito sanitario, como en el económico y el social (donde el ejemplo del personal sanitario deberá permanecer en nuestra memoria, como modelo de los valores a impulsar como sociedad).

Este escenario obliga a repensar una estrategia de gestión de futuro, que debe, en un contexto global, pivotar sobre el conocimiento y no sobre clichés ideológicos, muchas veces superados. No son tiempos de reivindicar la autarquía, ni de, por supuesto, avalar modelos de estatalización de la sociedad y la economía o de nuevo liberalismo, pues la solución exige saber mirar lejos y más allá de intereses partidistas. Lo que realmente necesitamos es invertir en conocimiento, invertir en investigación, invertir en salud y protección social e invertir en educación (en especial, en universidades). La complejidad que vivimos exige preparación, exige información objetiva, transparente y no sesgada, exige nuevas estructuras de gestión ‘inteligente’ (la inteligencia artificial debe ser una realidad), para poder construir una gobernanza ágil, eficaz y colaborativa. Solo así puede desarrollarse un nuevo modelo de política moderna, que, garante con las libertades, atienda al interés general de los ciudadanos frente a la inercia de confrontación ideológica propia de los partidos políticos. La política debe liderar la transformación de la sociedad, pero ello exige más y mejor conocimiento y una nueva cultura de la cooperación en un contexto globalizado.

La respuesta de los Estados a la crisis sanitaria obliga a una actitud (y aptitud) proactiva, para aportar la mejor solución a las necesidades de la ciudadanía. Para ello hay que impulsar modelos de cooperación institucional, donde Europa debe reivindicar su papel de liderazgo (creo que más Europa, con sus valores fundamentales, es el camino, lo que exige ajustar debilidades de difícil justificación como las diferentes políticas fiscales). Y también la cooperación con la sociedad civil y con las empresas, que son actores fundamentales para poder satisfacer con los mejores niveles de calidad las demandas de la sociedad. Los apriorismos sobre estos niveles de colaboración deben ser superados, corrigiendo, en su caso, las debilidades detectadas. Pero el escenario actual exige una nueva cultura de la colaboración público-privada basada en la lógica del ‘win/win’ (frente a la cultura de la desconfianza) y de la rendición de cuentas como herramientas al servicio de la buena administración. Nadie puede quedar atrás. Y tampoco sobra nadie. El interés público se encuentra en el qué y no en quién. Lo importante es saber sumar esfuerzos, conocimientos y capacidades para conseguir el mejor resultado. Este es el verdadero fin de la política.

La política es necesaria en democracia. Es indiscutible. Pero la mejor política exige, insisto, más saberes científicos, más investigación, más pensamiento crítico, en definitiva, mejor conocimiento. Tras la pandemia urge cambiar el modelo: menos chamanes y más ciencia (con menos burocracia y más recursos públicos), menos divulgación mediante la auto-atribuida condición de expertos y más conocimiento (las universidades deben ser el verdadero referente intelectual, lo que exige financiación suficiente), más cultura (demasiado infravalorada por una sociedad utilitarista), menos improvisación y más anticipación (lo que aconseja una mayor profesionalización en la gestión pública y en ciertas decisiones) y más y mejor información (¡qué importante, revisar el rol de los medios de comunicación y corregir la preocupante deriva con modelos de noticias falsas!).

En definitiva, una nueva cultura de hacer política, con y para la sociedad en su conjunto, proactiva y no reactiva, colaborativa y no de confrontación, que supere las inercias ideológicas, los dogmatismos, y se fundamente en el mejor conocimiento y la mejor técnica. Esa es, en mi opinión, la mejor vacuna contra los efectos sociales, económicos y de desprotección de los vulnerables de la pandemia.