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Opinión

la tribuna

El ICA y el coronavirus

Por
  • Pedro Arrojo
ACTUALIZADA 31/03/2020 A LAS 02:00
4 de febrero. Miles de personas (3.500 según la Delegación de Gobierno y 10.000 según la organización) protestas en Zaragoza contra el ICA, el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas.
Protestas en Zaragoza contra el ICA, el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas.
Oliver Duch

Al fin llega la decisión que debería haberse producido hace meses: la suspensión del cobro del Impuesto de Contaminación de las Aguas, ICA, incluidos los recibos pendientes, así como la inminente reforma, antes de fin de año, de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón que sustenta el citado impuesto.

Ambas medidas venían siendo insistentemente demandadas por la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA) desde que se formó el actual Gobierno de la DGA, bajo el explícito compromiso de derogar el ICA y reformar la citada Ley. De hecho, bajo ese compromiso, y ante la gravedad de la crisis, reflejada en los 100.000 impagos que implican a unos 250.000 vecinos y vecinas de Zaragoza, lo lógico habría sido, en máxima prioridad, paralizar los nuevos recibos, derogar el ICA y reformar la Ley sobre la base de un proceso participativo que tomara en consideración las propuestas constructivas que desde hace más de un año viene haciendo la RAPA.

Pasar a cobro nuevos recibos (cada vez más elevados) y abrir campaña de embargo de cuentas a quienes habían asumido el compromiso de luchar contra este impuesto injusto y abusivo, lejos de resolver el problema, echó gasolina al fuego, alimentando la desconfianza en un Gobierno, recién estrenado, que necesitaba y prometía levantar ilusión. En todo caso, nunca es tarde si la dicha es buena.

Y siguiendo con el refranero, también podríamos decir, pensando en la pandemia y el correspondiente estado de alarma, que no hay mal que por bien no venga. En este caso, esta afortunada y justa decisión de la DGA habrá sido recibida con alivio, sin duda, no solo por quienes la reivindicábamos de forma más activa, sino muy particularmente por los pensionistas, que por cierto forman el cuerpo de choque de los impagos, y por muchos pequeños empresarios, en peluquerías, bares y restaurantes, que se han visto afectados con especial dureza por el ICA. Puesto que unos y otros son también los más sensibles a la pandemia, en su salud personal o empresarial, en estos tiempos tan duros, los astros parecen haberse alineado para bien. En todo caso, sería oportuno complementar esta decisión con la apertura de un diálogo social que permita construir soluciones justas para el futuro post-crisis que debemos empezar a construir ya.

Tengo la convicción de que esta profunda e inesperada crisis nos está ofreciendo lecciones muy importantes para ese futuro, como la que se refiere al valor de los servicios públicos, empezando por los de sanidad; o de la solidaridad para no dejar tirado a nadie, como se hizo de hecho con las llamadas estrategias de austeridad, hace apenas unos años, en la anterior crisis económica. Espero incluso que sea una lección de humildad que nos permita reconocer nuestra vulnerabilidad, individual y colectiva, ante riesgos que se perfilan como más graves incluso que los que estamos sufriendo con la vigente pandemia; y me refiero al cambio climático. Lo que era imposible hacer para afrontar el cambio climático ha pasado a ser obligatorio ante el virus. No estaría mal aprovechar esta experiencia, haciendo de la necesidad virtud, para pasar de esa obligación a la necesaria transición energética que reduzca drásticamente emisiones de forma sistemática y no traumática.

Tiempos de crisis, que deben ser y serán, estoy seguro, de aprendizaje desde la responsabilidad y la solidaridad. Ahora que parece que el tiempo se para y transcurre lento y denso (la última semana se nos antoja cuando menos un mes), aprovechemos para construir un futuro más justo, en este caso debatiendo y asumiendo la alternativa al ICA que propone RAPA, basada en que nadie en Aragón pague por este servicio más de lo que pagan en promedio el resto de los españoles. Que la DGA pague los sobrecostes, como institución responsable de los mismos, desde unos presupuestos de la Comunidad basados en un sistema fiscal justo, en el que paguen más los que más tienen. Y que se garantice la financiación de las depuradoras del Pirineo, devolviendo a esos municipios los fondos que, habiendo llegado de Madrid para construirlas, fueron desviados de forma irregular para otros usos.

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