Aragón puede entrar en recesión por la crisis del coronavirus. Así lo admite ya el presidente de la Comunidad, mientras avanza la pandemia por todo el territorio español y europeo. Las Administraciones deben seguir trabajando sin descanso tanto para fortalecer el sistema sanitario y evitar su colapso, como adoptando nuevas medidas para paliar los daños económicos, que ya son explícitos, sobre todo en los sectores más numerosos y más vulnerables: autónomos y pymes. Hay que asumir que la mejor garantía para minimizar los costes sociales de esta crisis, además de hacerlo con la salud, es procurar que las rentas de los trabajadores no sufran.

El Gobierno español ha aclarado que los autónomos podrán cobrar una ayuda de 700 euros y dejar de pagar cuotas, siempre y cuando se hayan visto obligados a cerrar por el estado de alarma decretado o sufran una caída de ingresos del 75%. Esta medida podría ser complementada con otras como la moratoria del pago de los alquileres, el pago de un bono social o la exención del pago de cuotas durante el tiempo que se mantenga el estado de alarma. Hay que llegar al máximo posible de ayudas pues se trata de un colectivo laboral muy amplio. Además, debe actualizarse lo necesario para que actúe como línea de contención de las consecuencias económicas que la extensión de la enfermedad y la cuarentena empresarial están originando.

El Ejecutivo español debe aprovechar al máximo las facilidades que llegan desde Europa para paliar las consecuencias de la pandemia. Ayer mismo, el BCE sorprendió con un plan de compra de activos públicos y privados por una cuantía de 750.000 millones. Esta lluvia de liquidez asegura a los gobiernos financiación para sus planes de estímulo y sirve para bajar las primas de riesgo y para calmar a los mercados financieros. Además, la cobertura de la gestión sanitaria, sin restricciones, es prioritaria.