El presidente del Gobierno anunció ayer que un Consejo de Ministros extraordinario declarará hoy el estado de alarma para tratar de frenar el avance de la epidemia del coronavirus en España. Se trata de una medida excepcional y necesaria en estos momentos. La prioridad es garantizar que no se colapsen los servicios de salud durante las próximas semanas. De hecho, se trata de una decisión que ya debió haberse adoptado en el Consejo del jueves, que también fue específico para adoptar medidas contra la enfermedad, para poder haber actuado antes y con más diligencia.

El Gobierno activa el estado de alarma durante quince días. Permitirá limitar algunos derechos, como el de libre circulación, pero sin suspenderlos totalmente. El estado de alarma, previsto en el artículo 116 de la Constitución y desarrollado en una ley de 1981, permite que en casos de gravedad como crisis sanitarias se tomen una serie de drásticas medidas que limitan el día a día de los ciudadanos. Se trata, pues, de una decisión de envergadura que está a la altura del reto que tiene por delante el país para vencer una enfermedad que, según la OMS, ya tiene su epicentro en Europa. La declaración del estado de alarma, lógicamente, irá acompañada o seguida por medidas mucho más contundentes que las que se decidieron hace solo 48 horas, en otra reunión extraordinaria en la que el Gobierno evitó tomar esta decisión, que ya venía reclamando la oposición. Tiempo habrá de enjuiciar si Pedro Sánchez ha perdido un tiempo precioso en el combate contra la epidemia por un error de cálculo que lo ha llevado a subestimar hasta ahora el peligro que representa este virus. Hoy toca unir fuerzas, tanto políticas como ciudadanas, para combatir la peor amenaza para la salud y la prosperidad de los españoles en mucho tiempo. El Gobierno está obligado ahora a asumir plenamente la grave responsabilidad que supone gestionar esta situación crítica.