La conmemoración del 8 de Marzo vuelve a poner el foco de atención de la sociedad en la necesidad de establecer la igualdad real entre hombres y mujeres. Se trata de una exigencia moral y política, recogida en nuestra Constitución, que es hoy asumida por la mayor parte de la ciudadanía española y que debe recibir un impulso institucional y legislativo bien diseñado.

Las históricas manifestaciones del Día Internacional de la Mujer de 2018 en las capitales aragonesas, en las ciudades españolas y en muchos lugares de todo el mundo significaron un hito y un salto cualitativo en la reivindicación de los derechos de las mujeres. El principal fruto, en estos dos años, ha sido el desarrollo de una mayor conciencia social frente a la discriminación de la mujer, contra el machismo y en favor de la igualdad real entre los sexos. No es ese un cambio menor, todo lo contrario, pero resultará insuficiente si no se traduce en acciones concretas para alcanzar ese objetivo. Los datos nos muestran que sigue existiendo una brecha salarial entre varones y mujeres imposible de justificar, o que solo el 40% de los altos cargos de la Administración aragonesa está desempeñado por mujeres, o que en las empresas se estanca también su promoción. O, en un ámbito más doloroso, que la lista de mujeres asesinadas por su pareja continúa creciendo. Tienen que cambiar todavía muchas cosas, en la conducta cotidiana de los varones, pero también en el funcionamiento de las instituciones y de las empresas, para cumplir el mandato, constitucional y de justicia, de una igualdad efectiva. Por eso es natural que este 8 de Marzo siga siendo una jornada reivindicativa. Y será bueno que vuelva a catalizar cambios en el sentimiento social, impulsando además transformaciones institucionales y legislativas que hay que elaborar sin dejes partidistas ni prisas propagandísticas, buscando integrar, constatando el pulso de la sociedad y pensando en reformas que sean duraderas.