Derribo por transferencia
Son días densos en información e importantes noticias pasan casi desapercibidas. Entre las producidas en las últimas semanas, creo obligado reparar en el anuncio de que el Estado procederá en 2021 a transferir al País Vasco la gestión de la Seguridad Social. La transferencia sería una más de un amplio abanico de materias reclamadas desde hace años por esta Comunidad. Si bien en la lista se encuentran otras materias de no escasa relevancia como la gestión de las prisiones, a nadie se le oculta que la gestión de la Seguridad Social es cuestión esencial. El acuerdo se enmarca de forma inmediata en la negociación de los apoyos al presupuesto del año en curso y de forma mediata en el apoyo del PNV a la investidura de Pedro Sánchez. Tanto el proceder como el contenido de la negociación exigen un comentario.
España es un Estado compuesto. De acuerdo con la mayoría de los académicos de referencia, el modelo territorial que denominamos Estado autonómico sería una variante del Estado federal. En lo que a estas líneas importa, una organización territorial compleja en la que el poder territorial se encuentra dividido entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La cuota de poder que corresponde al Estado y aquella que corresponde a las Comunidades se define por las competencias que se atribuyen a cada cual. Determinar su reparto es una de las decisiones fundamentales que, normalmente, adopta el poder constituyente. Pues bien, uno de los defectos más graves de nuestro modelo territorial ha sido distanciar ese reparto del momento constituyente y derivarlo a circunstancias coyunturales. El resultado ha sido, por un lado, una heterogeneidad poco eficiente y, por otro, un progresivo desapoderamiento del Estado.
Ha sido habitual que los distintos gobiernos, de uno u otro signo, negociasen la transferencia de competencias por un voto favorable en la investidura o, incluso, a cambio de apoyos para aprobar el correspondiente presupuesto. Y así se ha llegado hasta el presente, cuando los acuerdos ya anunciados con el PNV o en negociación con las fuerzas independentistas catalanas reflejan el último salto cualitativo. El Estado no solo sigue perdiendo competencias, sino que transfiere elementos esenciales de su definición. Gestión de la Seguridad Social para el País Vasco; retirada de la Guardia Civil de Navarra; descentralización del Poder Judicial en Cataluña. Hay que decir que la presencia del Estado en las Comunidades es ya muy reducida. En algunas de ellas, especialmente en el País Vasco, mínima. Si se prosigue en el camino anunciado, las instituciones y políticas comunes serán más propias de un modelo confederal que de un verdadero Estado. Más. La igualdad de sus ciudadanos que la Constitución proclama como valor esencial, será un mero ejercicio retórico. En este punto, no es posible ignorar la sorpresa que produce que se minusvalore la importancia de la ruptura de la igualdad en las prestaciones ligadas al sistema de pensiones.
Durante décadas, políticos y academia han discutido sobre la necesidad de formalizar el carácter federal del Estado autonómico. Hoy, pienso, es más necesario que nunca. Lo es porque es preciso detenerse y reconstruir todos los discursos. El presupuesto de la federalización es la existencia del Estado y de una conciencia política común. Un Estado federal tiene como premisa la unidad y la igualdad esencial de los ciudadanos de todos los territorios que lo integran. España parece haber traspasado esos límites. Hay que decirlo. No es posible continuar transfiriendo competencias al albur de meras coyunturas de partido. Menos, competencias tan sensibles como las que se anuncian. Hay que reconstruir el modelo. Garantizar la igualdad, la equidad y la funcionalidad en numerosas materias, exige un Estado fuerte. El incremento del autogobierno de algunas Comunidades no puede venir por el vaciamiento del Estado. Creo que también es preciso mejorar la calidad, no tanto la cantidad, de la autonomía de todas las Comunidades (y no solo de algunas). Pero debe hacerse desde una reflexión de conjunto que tome en consideración todos los intereses en juego.
José Tudela Aranda es #profesor de Derecho constitucional #de la Universidad de Zaragoza
