Otra ley de Educación
El Gobierno ha aprobado la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), más conocida como ‘ley Celaá’. Se convertirá en la octava ley educativa de los últimos 40 años, si logra los apoyos suficientes. Antes de eso, en el Parlamento se debe mejorar ampliamente porque el texto llega sin el consenso que sería imprescindible para garantizar su permanencia en el tiempo, condición ‘sine qua non’ para que genere los efectos positivos que se desean para mejorar la calidad de la enseñanza.
En la España democrática, la legislación educativa ha sufrido un constante movimiento pendular. La prueba es la sopa de letras de las leyes de las últimas décadas (LODE, Logse, LOCE, LOE, Lomce…). Las consecuencias de tantos vaivenes están a la vista: la falta de un verdadero pacto educativo, el desbarajuste legal, la escasa implicación de las familias, las ilusorias expectativas que se crean en torno a los hijos, la escasa valoración social de los docentes, la falta de apoyo a su labor y el debilitamiento de su autoridad. Ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez recupera el espíritu Logse y lleva al Parlamento un texto que facilita la obtención de títulos, elimina los itinerarios según las capacidades académicas del alumno, equilibra la escolarización de alumnos con bajos recursos y dificultades de aprendizaje entre los centros públicos y los concertados, otorga más poder del Gobierno central para determinar el currículum y quita peso a la asignatura de religión. Generará poca contestación social porque promueve el aprobado con menos esfuerzo, pero dividirá a las Cámaras porque es un anteproyecto muy ideologizado. Este no es el camino. Un gran acuerdo sobre la enseñanza debería buscar la estabilidad, dejando a un lado las diferencias partidistas, y tener en cuenta que las familias y el entorno social son elementos esenciales del sistema. Aún se está a tiempo si hay verdadera voluntad de negociación y pacto.
