Batalla climática vs. libertad
Tenemos encima el grave problema climático, hay que actuar ya con contundencia. Sin embargo, no faltan defensores de la inacción. Postulan que con los años ya se resolverá cualquier problema ligado a las nuevas pulsiones meteorológicas. Algunos de esos sostienen que la posibilidad de obrar de una manera u otra debe estar por encima de ciertas limitaciones e imposiciones de autoridades o grupos sociales. Entre las gentes que defienden la rebeldía hay personas más o menos informadas, pero también, y sobre todo, grupos de poder o empresariales que, aun conociendo muy bien las ventajas de una actuación colectiva concreta, prefieren pensar solo en sí mismos.
Parece obvio que para mitigar los efectos del cambio climático harán falta medidas, algunas impopulares. Bastantes serán coercitivas, como las limitaciones o prohibiciones del tráfico en los centros urbanos, que ya son realidad en Londres, Berlín o Barcelona. Valdría de contraejemplo Madrid, en donde las protestas por las limitaciones circulatorias no cesan y sostienen la inacción municipal ante la contaminación del aire y el quebranto en la salud. También han causado polémica las peatonalizaciones en las capitales de Aragón. A la vez, surgen propuestas reclimatizadoras que suponen la disminución de actividad o el cierre de empresas por su contaminación o por su costosa adaptación a los nuevos estándares de protección ambiental o social. Quienes perderían su empleo claman soluciones que les aseguren la vida allá dónde lo hacían siempre; sienten coartada su voluntad. El cierre de la térmica de Andorra ilustra estas situaciones.
Tras estas decisiones se plantea si debe prevalecer una especie de imposición verde –no falta quien habla de ‘dictadura ecologista’– o se debe dejar que la permisión de todo se reconduzca en razón a las fuerzas y tensiones que interactúan en la relación ente medio ambiente, economía y sociedad. Tenemos un caso reciente en los destrozos de la tormenta Gloria en las naufragadas costas mediterráneas y zonas del interior, que ocasionó también pérdidas humanas. Quienes han sufrido daños reclaman a los gobiernos la restitución de sus bienes, ya sean playas o propiedades particulares. Bastantes de los graves efectos (bien es cierto que la potencia de la borrasca fue tremenda) han ocurrido porque las personas ocuparon un espacio que no les pertenecía. La naturaleza –esta sí que es libre– no entiende de democracias acordadas ni de leyes humanas; se mueve allá donde sus fuerzas la llevan, una y otra vez.
La cordura medioambiental sabe que lo más conveniente es no abusar del albedrío humano para trastocar la naturaleza, para evitar las consecuencias de nuevos episodios críticos, además de tener preparados unos protocolos serios que mitiguen los efectos de borrascas erráticas o contaminaciones inesperadas. La responsabilidad colectiva es en cierta manera el precio de esa libertad, una limitación que a la vez nos permitirá protegernos de males mayores.
Además, en estas enrevesadas polémicas –franquicia personal versus demostrada protección colectiva– se culpabiliza a la gente por hacer uso de la libertad, o por no adoptar medidas protectoras, cuando de todos es conocido que el capitalismo salvaje, la inducción al desaforado consumo o la ocupación del espacio virgen han sido los verdaderos culpables del deterioro ambiental, tanto que han convertido la inconcreta licencia en algo material. A pesar de todo lo sufrido y de lo que queda por llegar, se atiza la controversia de si la libertad individual, como marca de la democracia, no debe prevalecer ante el estado del medio ambiente, que también es social. Habrá que convenir (bastante gente lo ve así) que la batalla climática es real: pocas dudas plantea, demasiadas incertidumbres.
Culpabilizar a la naturaleza no nos salvará del siguiente episodio. Las personas logran soportar con el tiempo las desgracias que son accidentales, episódicas y llegan de fuera. Pero sufrir por culpas propias se convierte en la pesadilla de la vida. No hay otra salida: o se negocia una transición ecológica justa, que limitará algunas voluntades particulares y sociales, o la convivencia y la paz social no podrán ser garantizadas, lo cual destruirá muchas más libertades; esas que nacen de la voluntad de ser responsables con nosotros mismos.
