La encuesta de enero sobre la confianza de la ciudadanía española en la investigación refleja que un 73,2% mantiene una visión positiva, un excelente resultado a pesar de la caída de 16 puntos en los dos últimos años. ¿En qué acciones se traduce esta confianza?, o, dicho de otra manera, ¿esta percepción positiva genera respuestas presupuestarias y legislativas acordes?

Veamos, en primer lugar, en qué se traduce en lo relativo a financiación. Según el informe Cotec 2019, referido a 2018, España ha recuperado niveles de inversión previos a la crisis. La inversión con respecto al PIB es del 1,24%, lejos del 1,40% de 2010, y muy lejos del objetivo del 2% marcado para 2020 por el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación. Lo que puede sorprender es que el 56,5% de inversión procede del sector empresarial, que ese año experimentó un crecimiento del 9,3%, mientras que el sector público creció solo un 0,8%.

Aragón se sitúa en décimo lugar, con una inversión del 0,9%, la sexta comunidad autónoma en porcentaje de inversión del sector privado y la decimotercera en el sector público. La buena noticia es que fue donde la inversión pública en este ámbito experimentó un mayor crecimiento en 2018. Así pues, la inversión pública se recupera, aunque no a la velocidad deseada, y la inversión en el sector privado muestra un viraje hacia una economía basada en el conocimiento. Podemos decir que vamos por el buen camino, pero la distancia al destino prometido es todavía amplia.

La financiación no es el único aspecto y me atrevería a decir que puede no ser el más importante. Existen temas legislativos que dificultan el quehacer diario en la investigación, acrecentando la burocracia en el desarrollo de los proyectos. Probablemente, el aspecto que ha generado un mayor malestar es la Ley de Contratos del Sector Público, ley de la que la I+D+i ha quedado excluida en la Comunidad Foral de Navarra, mostrando que legislativamente existe una alternativa que no se ha querido considerar. 

Nuestra Universidad ha sido pionera en el desarrollo de medidas y herramientas que mitiguen el impacto de esta ley en el día a día, asegurando la necesaria flexibilidad y la correcta gestión de los fondos públicos. No obstante, y a pesar de la recentísima modificación de la Ley de Contratos (RDL 3/2020, de 4 de febrero), promovida en parte por las universidades, que permite mayor agilidad en la gestión de la contratación menor, existen todavía problemas estructurales en la gestión, como la cada vez más tardía liberación de los fondos obtenidos y la cada vez más temprana justificación, dejando así periodos de ejecución real demasiado cortos. Sin olvidar los cada vez mayores controles de auditorías, sobre proyectos finalizados y justificados hace años.

Podrían comentarse otros aspectos, pero me detendré en la contratación de personal y la atracción de talento. Por una parte, la legislación actual dificulta la contratación de personas con titulaciones de otros países, incluso del Espacio Europeo de Educación Superior. Por otra, el sistema público se ve constreñido por otros aspectos legales. La atracción de talento se ha fiado, en buena medida, a fundaciones dependientes de las comunidades autónomas con un mayor margen de actuación, un reconocimiento implícito de los problemas antes comentados.

El desarrollo de la investigación en España se somete a un riguroso control ‘ex ante’ y a una rendición de cuentas ‘ex post’ que incrementan la burocracia y reducen el tiempo de desarrollo real de los proyectos. Esto refleja una escasa confianza del poder legislativo en el personal investigador, poco acorde con la de la ciudadanía. Este control excesivo tiene un efecto de desmotivación que, posiblemente, se traduce en una pérdida de vocaciones; no olvidemos que la investigación es una decisión eminentemente vocacional.

Como conclusión, es preciso mejorar la inversión en ciencia, pero también flexibilizar la gestión, reducir los controles previos, adecuar las normativas a las necesidades y tiempos que precisa la investigación para obtener resultados y, por supuesto, acompañar estas medidas de una exigente rendición de cuentas más enfocada a los resultados. Si bajo estas circunstancias la mayor parte de las universidades públicas españolas están entre el 5% de las mejores del mundo, ¿qué podría lograrse con una situación más favorable?

José Antonio Mayoral es rector de la Universidad de Zaragoza