Las imágenes de los tractores colapsando las carreteras, con los agricultores ocupando las calzadas y la fruta desperdigada por el suelo, se han convertido en un rotundo resumen de un hartazgo acumulado. No se muere la agricultura, cada vez mejor dotada tecnológicamente, sino que se mueren los agricultores, que observan impotentes cómo suben los costes de producción mientras el margen se engorda en otros de los muchos eslabones de la larga cadena que recorre una lechuga o un kilo de patatas desde el campo hasta la mesa.

Los agricultores hace años que perdieron su capacidad de negociación. Disgregados, limitados para definir sus trayectos de forma compartida, se muestran en inferioridad cuando compiten con los intermediarios o las grandes superficies. Su papel ha quedado ceñido a su relación con la tierra, un matrimonio en absoluto menor, pero que no ha servido para situarles en el vértice de la pirámide de valor.

El campo, la ganadería, viven un difícil momento de transición que está cuestionando el futuro de los habitantes del medio rural, de esa España despoblada que clama por sus derechos y que exige igualdad de trato. Olvidada su condición de pobladores, los agricultores pelean por una relación justa con los precios y también con las administraciones, apoyadas en una mirada urbana que corre el riesgo de ignorar a una parte del territorio.

Dónde se asignan las políticas y cómo se dotan de contenido los ministerios describe hacia dónde se inclinan las apuestas de un gobierno. Pensar que la transición ecológica o la despoblación pueden desentenderse de la agricultura o la ganadería solo confirma una compartimentación de los problemas que retrasa la llegada de las soluciones. Al igual que la Política Agraria Común (PAC) se ha convertido en un elemento de identificación comunitario para los países de la UE, una fórmula donde las ayudas directas han convivido con la preocupación por el desarrollo rural, abordar los recortes sin aceptar las consecuencias para el binomio campo-despoblación no deja de ser una enorme irresponsabilidad. El cambio de tendencia que ya se ha instalado en Europa, donde se prima la visión medioambientalista, implica una reducción sostenida e imparable de las ayudas de la PAC que recibe el sector (las organizaciones agrarias cifran que la actual propuesta fija una pérdida anual de ingresos de 925 millones para el periodo 2021-2027). Las ayudas de la UE, que durante años han servido para asentar población –demostrando la importancia que implica contar con la propiedad de los campos–, y que también han actuado como un claro complemento ante la nula actualización de los precios, se mueven hacia un peligroso recorte que puede transformar radicalmente el medio rural y acelerar la pérdida de trabajo y trabajadores. Sin inversiones el campo continuará despoblándose, convirtiéndose en un recuerdo de sí mismo donde la propiedad de la tierra quedará en manos de grandes corporaciones y la población pasará a ser un registro de flujos ajustado a la cosecha y la recolección.

El campo tiene futuro siempre y cuando se apueste con la suficiente energía y una prueba de esta viveza se podrá observar en la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) de Zaragoza. Convertida en la feria más grande de España, con más de 1.650 expositores, este evento confirma que el campo también reivindica su propio futuro.