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  • Heraldo de Aragón

Ataque a la igualdad

La ministra Carolina Darias y el presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu.
La ministra Carolina Darias y el presidente del País Vasco, Íñigo Urkullu.
EFE/David Aguilar

El Gobierno transferirá la gestión de la Seguridad Social al Ejecutivo vasco. Asegura que no se rompe la ‘caja única’, que está protegida constitucionalmente. Pero, tampoco Vitoria lo reclama porque eso le obligaría a asumir el abultado déficit de una eventual ‘Seguridad Social vasca’. Lo que sí se abre es la posibilidad de que el Gobierno vasco ofrezca un trato especial a sus pensionistas, aunque eso suponga llevarse por delante la equidad territorial y el principio de igualdad de todos los españoles en materia de pensiones. 

El PSOE cumple con lo que prometió al PNV para lograr su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y lo hace en plena precampaña de las elecciones vascas: transferir la gestión de la Seguridad Social, además de otras 30 competencias, entre ellas la de prisiones, todas recogidas en el Estatuto de Guernica. Los nacionalistas vascos consiguen así una de sus viejas reivindicaciones, que hasta ahora ningún Gobierno central había afrontado, por los riesgos que supone para la igualdad de todos los españoles el fragmentar la Seguridad Social. El Ejecutivo asegura que solo se transferirá la gestión y que en ningún caso se ha puesto encima de la mesa romper la llamada ‘caja única’. De hecho, no puede porque está protegida por doctrina del Tribunal Constitucional. La legislación en materia de cotizaciones y pensiones no permite diferencias por comunidades autónomas. Sin embargo, la cesión de la gestión de las prestaciones contributivas facilitará los medios para sobrepasar el marco estricto de la Seguridad Social acudiendo al concepto de ‘asistencia social’, donde las competencias sí son autonómicas, y sorteando así las limitaciones constitucionales. Por ello, esta transferencia competencial supone una cesión inadmisible de uno de los pilares del sistema de bienestar y de la igualdad de todos los ciudadanos españoles con independencia de su lugar de residencia.

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