La sentencia de la Audiencia Nacional que bendice la implantación de los estudios de Psicología en la Universidad San Jorge (USJ) debiera cerrar definitivamente el conflicto abierto, de manera innecesaria, por el Gobierno de Aragón en 2015 al poner requisitos no justificados a la creación de carreras en esa institución académica privada. La existencia, ya consolidada, de esta segunda universidad enriquece la oferta formativa y científica en la Comunidad.

La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha estimado el recurso, presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en contra de la orden de la DGA que marcaba tres requisitos a la universidad privada para poner en funcionamiento nuevas carreras. La resolución judicial es contundente y deja en evidencia el desacierto que supuso este aspecto de la política educativa del Gobierno de Aragón. No solo invalida, como ya hizo el pasado verano el Tribunal Constitucional, la prohibición de que las nuevas titulaciones duplicasen las existentes en los campos periféricos de la universidad pública, sino que también echa por tierra la exigencia de justificación previa de la demanda y de la rentabilidad de los estudios. La DGA ya había comenzado a tramitar la implantación de Psicología en la San Jorge y lo más lógico y coherente sería que renunciase a recurrir esta última sentencia, cuyos argumentos dejan muy clara la cuestión: los obstáculos impuestos a la San Jorge suponían una injusta limitación de la competencia, una institución académica privada está en su derecho de implantar los estudios que considere convenientes. La creación de la Universidad San Jorge fue recibida en su momento con recelo en algunos sectores, pero lo cierto es que su consolidación ha venido a ampliar y a enriquecer la oferta educativa y la actividad académica y científica en Aragón. Y la competencia, en la medida que pueda existir, no tiene por qué ser un factor negativo, sino todo lo contrario. Poner trabas injustificadas al desarrollo de instituciones, públicas o privadas, que fomentan el conocimiento y la formación no es una política inteligente.