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Opinión

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La deuda del IVA y el déficit

Por
  • Heraldo de Aragón
ACTUALIZADA 15/02/2020 A LAS 02:00
La ministra portavoz María Jesús Montero, durante la rueda posterior al Consejo de Ministros.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Efe

El Gobierno concede un mayor margen de gasto a las comunidades relajando en dos décimas los objetivos de déficit para este año. De esta forma intenta sofocar la rebelión por el impago del IVA de diciembre de 2017. La DGA, que ayer apoyó la propuesta junto a las demás autonomías del PSOE, se va a replantear si acude a los tribunales, como había anunciado Javier Lambán. No obstante, un mayor margen de déficit aboca a las CC. AA. a incrementar la de por sí abultada deuda. Esto no ocurriría si pudieran acceder directamente a la liquidez que con razón han reclamado.

Después de 17 meses, ayer se reunió por fin el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con presencia de los consejeros de todas las comunidades del régimen común, con la excepción ya habitual del catalán. El Gobierno volvió a rechazar la devolución de los 2.500 millones del IVA a las autonomías, pero para compensar la merma logró el apoyo de las CC. AA. socialistas a una suavización de dos décimas del objetivo de déficit. Se trata de una solución deficiente porque solo se basa en aumentar el gasto a través del endeudamiento. Las autonomías no necesitan más deuda sino más recursos, sobre todo si son los comprometidos. Aragón no debe cejar, pues, en su justo empeño de cobrar lo que se le adeuda.

El Gobierno necesita margen para los próximos Presupuestos del Estado. Por ello, trata de rebañar al máximo las reglas fiscales comunitarias para suavizar la senda de reducción del déficit. Abre así la mano para las CC. AA. porque también quiere tener vía libre para gastar algo más con más déficit y sin tener que devolver lo adeudado por el IVA. No obstante, tendrá que conseguir el visto bueno de la UE. Máxime cuando desde el 1 de enero está en vigor el artículo 135.2 de la Constitución, aquel que establece que será inconstitucional que las cuentas públicas no recojan los ajustes que exija Bruselas. 

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