Lambán opta por los tribunales

El Gobierno de Aragón ha ordenado a sus servicios jurídicos y

técnicos que preparen ya la reclamación ante los tribunales de los 80 millones del IVA de 2017 que el Ministerio de Hacienda se niega a liquidar. Tres días después de que se replanteara la posibilidad de recurrir, Javier Lambán ha dado orden de ultimar el requerimiento. La DGA tiene que hacer valer sus derechos tributarios

y el Ejecutivo central, aunque se trata de un problema heredado de cuando el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro cambió las normas de liquidación del IVA de las empresas, debe respetarlos porque sirven para financiar los servicios públicos. 

El presidente Lambán sigue los pasos de su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, otro de los barones socialistas enfrentados con Pedro Sánchez. Como la mayoría de las comunidades, están preparando la reclamación en los tribunales de los millones pendientes del pago del IVA de diciembre de 2017. Les asiste la razón porque el Gobierno central se niega a pagar esta deuda y porque no es admisible la oferta que ha hecho la ministra Montero de flexibilizar el déficit para compensar la pérdida de esos ingresos. La DGA, como la mayoría de las administraciones, no debe aumentar su ya abultado endeudamiento, sino recortarlo.

La decisión de Javier Lambán se ha dado a conocer apenas veinticuatro horas después de que Pedro Sánchez designase, sin ni siquiera consultarlo con el secretario general del PSOE-Aragón, a Pilar Alegría como nueva delegada del Gobierno en la Comunidad. Aunque la DGA niega que exista ninguna vinculación entre la designación de Alegría y el recurso por el IVA, parece claro que las relaciones entre la Moncloa y el Pignatelli no son en este momento las mejores, lo cual obliga a ambas partes a buscar fórmulas para un mayor entendimiento. Aragón, en todo caso, no podía dejar de reclamar unos ingresos que tiene pendientes de recibir y que son necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos.