Una reforma imprescindible

Bajo la máxima del «decido yo y pagas tú», formulación empleada en estas mismas páginas por la profesora de derecho constitucional Eva Sáenz Royo y que resume la gran debilidad que asola al sistema de financiación autonómico, la España de las comunidades vive atrapada en una eterna insuficiencia. «Contra toda lógica –señala Sáenz Royo–, a la vez que el legislador estatal dice lo que la sanidad pública debe cubrir, el mismo legislador estatal impone que lo paguen las comunidades autónomas». Esta suerte de obligación, producto de una incorrecta valoración de las competencias transferidas en el pasado y que frena toda mejora en la prestación ante la impopularidad que despierta cualquier subida de impuestos, genera un bucle de deterioro que daña y limita los servicios públicos. Una perversión del modelo que lejos de generar una suficiencia económica lleva a autonomías como Aragón, afectadas por el envejecimiento o la dispersión poblacional, a un camino donde la simple comparación con otras comunidades descubre un manto de desigualdad y retroceso. La evidencia en forma de ejemplo, que no por veces repetida pierde valor didáctico, se reconoce cuando se piensa en lo que cuesta la sanidad en una comunidad como Madrid, con su población concentrada, y lo que representa esa misma tarea en Aragón.

No haber podido participar en el diseño de las cargas resulta objetivamente inconveniente, pero todo queda relativizado cuando se descubre la falta de lealtad que implica que el Estado ignore los pagos y transferencias pendientes. Que el Gobierno de coalición PSOE-UP niegue la devolución de los 80 millones de euros de la liquidación del IVA de diciembre de 2017, un asunto que el presidente Javier Lambán se replantea ahora si llevará a los tribunales tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado viernes –el alcalde de Zaragoza Jorge Azcón sí parece estar dispuesto a reclamar los 6,5 millones–, solo puede interpretarse como un ataque a la autonomía financiera y como una quiebra de la seguridad jurídica que debe aportar un gobierno. Sin respeto ni reconocimiento a las muchas obligaciones contraídas, negar el pago abunda en la creación de un clima de enfrentamiento con las autonomías del PP que solo beneficia a la liquidez del Gobierno.

La treta trasladada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendente a relajar el objetivo de déficit de las comunidades a modo de compensación por el impago, únicamente sirve para que el Gobierno se quede con un dinero que no es suyo y para repartir entre todas las regiones un endeudamiento que debería ser exclusivo del Ejecutivo. Pedro Sánchez, que necesita para sus políticas un dinero que no tiene, concede una laxitud que retrasará el cumplimiento de los criterios de estabilidad.

A su vez, y mientras se asegura que no hay dinero para dar a cada uno lo suyo, mostrando al sistema inmerso en múltiples tensiones de tesorería, el presidente Sánchez promete en el Palau de la Generalitat lo que niega al resto de España. Que la búsqueda de la solución al conflicto catalán pasará por lo económico nadie lo duda, pero que se incurra en el agravio para rebajar la presión política es una cuestión difícilmente aceptable. Habrá que negociar con Cataluña, pero la mejor forma para que las Autonomías acepten este esfuerzo es dar a cada uno lo suyo. No devolver el IVA ni abrir el melón de la financiación autonómica solo lleva al enconamiento y la desconfianza.