El sector agrario, tanto en Aragón como en el resto de España, pierde rentas y empleo de forma continuada. La agricultura y la ganadería sobreviven en un sistema que recorta sistemáticamente los ingresos de las familias que se dedican a estas actividades y que, al mismo tiempo, eleva los costes de producción. Desde todas las administraciones, tanto la autonómica como la central y la europea, deben poner en marcha políticas con los objetivos de aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y de equilibrar las condiciones de un mercado que opera siempre en contra de la renta de los agricultores sin que tampoco favorezca en exceso los intereses de los consumidores. 

Factores como el hundimiento de los precios, la competencia desleal de países del norte de África y el impacto de la política arancelaria de Donald Trump, sumados al alza del salario mínimo, han agotado la paciencia del sector agrario. Las manifestaciones de las últimas semanas en Zaragoza y otras muchas ciudades españolas son el reflejo de este hartazgo, que debe ser atendido con urgencia y determinación por parte del conjunto de las administraciones. Primero, porque la actividad primaria constituye la espina dorsal del medio rural en un país en el que la despoblación amenaza al 53% del territorio. Y segundo, porque el sector agroalimentario español es el cuarto mayor exportador de la UE, un dato que el Gobierno debe hacer valer en la negociación de la futura PAC, cuyos fondos están seriamente amenazados.

Ante esta coyuntura, ni Pedro Sánchez debe desviar la culpa hacia las cadenas de distribución ni la oposición debe incurrir en el oportunismo. Los agricultores y ganaderos no pueden ser instrumentalizados una vez más. Reclaman precios justos, bonificaciones fiscales y ampliar las ayudas. Ignorar sus reclamaciones supondría la puntilla a un sector imprescindible para asegurar la provisión de alimentos de calidad y para la supervivencia de la España vaciada.