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el mirador

Gabriel Rufián no tiene rey

ACTUALIZADA 09/02/2020 A LAS 02:05
Opinión
'Gabriel Rufián no tiene rey'.
Lola García

El diputado Rufián dice que no tiene rey. Yo tampoco lo tengo. Ni nadie en particular. El Rey lo tiene España: es su jefe de Estado según la Constitución de 1978. Rufián no solo no tiene rey: tampoco tiene república. Y un presidente que tenía sufre serias averías: demediado entre Waterloo y Sant Jaume, sus dos partes están reclamadas ‘ex aequo’ por los jueces. La desazón la expresa Rufián junto a varios disidentes periféricos y hombro con hombro con la diputada Borràs, una devota del doble expresidente (Puigdetorra, o Torrademont, según). Este ha sido anonadado por su propio socio de coalición, que le ha vedado votar como diputado autonómico. Imputárselo todo a Felipe VI sale gratis.

Su antecesor, el no menos teatral Joan Tardà, gozaba gritando por calles y plazas "Mori el Borbó!". No con deseos de que nadie muriera, que es de corazón misericorde y tierno; pero sin admitir que ese fue el grito de ciertos catalanes en contra de un monarca... y a favor de otro que, primero, era archiduque y, luego, fue nada menos que emperador. El cual, a la hora de la verdad, los dejó en la estacada y prefirió dirigir negocios de mayor beneficio y menor riesgo.

Las características de nuestra sociedad, abierta y muy comunicada, dotan de gran protagonismo a comparecencias publicitarias como la del lunes. En la apertura del año político, ocasión en la que el Rey preside la sesión conjunta que celebran el Congreso de los Diputados y el Senado, los representantes de cinco partidos separatistas, incluso a falta del PNV, se erigen, expresamente, en portavoces de la totalidad de los ciudadanos de tres comunidades españolas. A puro de repetirse, da la impresión de que acaban por creerse lo que dicen. Es ventaja de la ciencia positiva partir de la necesidad de contar, pesar y medir, antes de definir. Pues el hecho cierto es que asisten a la sesión solemne más del noventa por ciento de los representantes de los ciudadanos y eso pone en clara desventaja a estas fragmentarias cofradías de férvidos creyentes.

Los aliados del diputado Rufián denuestan la monarquía, según una inveterada retórica. Pero la invectiva se dirigiría de igual modo ¬contra la República Española, si la hubiera, porque, en realidad, hablan contra España. Ya sucedió.

El republicano Ortega, en las Cortes de 1931, anotó tres clases indeseables de diputado: el payaso, el jabalí y el tenor. Rufián, que ya fue payaso y jabalí, funge ahora de tenor, estimulado por creer que tiene amarrado a Pedro Sánchez.

Democracia constitucional

Las virtudes históricas republicanas, empezando por la libertad y la igualdad ante la ley, han sido asumidas por todos los estados que en el mundo viven en democracia. En Europa es indiferente la forma que adopte la jefatura del Estado: si monárquica (España, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo) o republicana (Francia, Italia, Irlanda, Alemania y el resto). Por eso decía Labordeta –a quien muchos concedieron pábulo político– que él era ‘republicano juancarlista’, sintetizando un tópico que, por viejo, da algún apuro recordar: el debate con contenido sustancial no es el que opone la monarquía a la república, sino la dictadura a la democracia.

El PSOE histórico, por lo demás –y en eso se incluyen desde su fundador, Pablo Iglesias Posse, hasta Francisco Largo Caballero, el más autoritario y proletarista de sus líderes–, fue partidario de la república pero solo en la medida en que ello ayudara a avanzar hacia la ‘redención de la clase obrera’, la sociedad sin clases y, a la postre, sin estado siquiera. La república no era un fin.

Colau, alcaldesa de la segunda ciudad española y cabeza de un partido agregado al peculiar sistema planetario podemita, ha dicho, literalmente: "Si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen". Aún parece vivir su bulliciosa etapa de activista sin responsabilidades, situación cuasi libertaria en la que (casi) todo está permitido, y así debe ser. Ahora no, porque ya es casta (y no me refiero al sexo).

El Rey aludió en su discurso –obligadamente conocido en La Moncloa– a la necesidad y conveniencia de hacer las cosas dentro de los marcos del Parlamento y de la Constitución. Ello puede entenderse como la expresión de un deseo imperioso de transparencia (pues, en el Parlamento, las cosas se ven y se oyen) y de legalidad, cuyo cumplimiento se elude negociando de tapadillo (y nunca se sabe bien exactamente qué) con reos como Junqueras y Torra.

Es apreciable que, como jefe del Estado, Felipe VI se siente en el doble deber de requerir, una y otra vez, constitucionalidad en los comportamientos y de apelar al principio de legalidad. Lo fastidioso y preocupante es que tiene razones de peso para hacerlo.

En democracia, la ley crea el marco obligado. Otorga derechos, fija límites y establece responsabilidades. La primera ley, fuente de todas, es ‘Constitución’ porque contiene el acto que ‘constituye’ el Estado de derecho. Fuera de ella, la democracia se desvanece. Algo que diversas fuerzas políticas en España aceptan de mal grado, lo que autoriza sospechas sobre su naturaleza.

Por cierto: Cataluña no fue reino, pero ha tenido rey en 847 de los últimos 856 años de su historia: el 98,94 % del tiempo, contado desde 1164. No és poc.

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