El presidente del Gobierno se ha reunido con el de la Generalitat porque ERC se lo exigió a cambio de su abstención en la investidura. Pedro Sánchez evidencia así su inquietante debilidad. Pero, además del rechazable gesto de tener un encuentro institucional con un político inhabilitado por la Justicia, ha prometido lo que no debe: más inversiones y más competencias a una Generalitat que en los últimos años se ha caracterizado por su deslealtad con el Estado y por su voluntad de saltarse la legalidad constitucional.

El diálogo entre los gobiernos de España y de Cataluña es necesario, como lo es con las demás comunidades autónomas. Pero con todas debe realizarse sobre la base de dos principios: el respeto a la jerarquía del Estado sobre las autonomías y la igualdad de derechos entre todos los españoles. Ambos fundamentos resultaron ayer erosionados en la reunión entre Sánchez y Torra. El ‘president’ montó una escenografía que aparentaba un encuentro internacional entre jefes de gobierno de dos países distintos. Y, por otro lado, Sánchez prometió una mejora de la financiación y más inversiones para Cataluña, justo un día antes de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano que debe fijar los criterios de reparto de fondos entre las comunidades.

Es bueno dar pasos para intentar encauzar de manera razonable el contencioso catalán, pero la condición inexcusable, que de momento dista de cumplirse, es que los dirigentes independentistas acaten, de palabra y de obra, la legalidad y dejen de utilizar a su antojo las instituciones. Por lo demás la legitimidad de Torra como ‘president’ es en estos momentos muy dudosa y su cargo tiene fecha de caducidad, lo que resta sentido a un diálogo que para los separatistas sigue partiendo de premisas que resultan de todo punto inaceptables para un gobierno constitucional.