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Opinión

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El trueque del Código Penal

ACTUALIZADA 26/01/2020 A LAS 02:00
Reformar el Código Penal para burlar a la Justicia.
Reformar el Código Penal para burlar a la Justicia.
HERALDO

Al calor de la oportunidad política el Código Penal ha sufrido diversas modificaciones en esta etapa democrática. Tras el fallido plan Ibarretxe, el Gobierno Aznar incorporó (2003) como delito la convocatoria ilegal de elecciones y referéndum. La presencia de este tipo penal en el articulado duró más bien poco, porque en 2005 Rodríguez Zapatero optó por suprimirlo. Este viaje de ida y vuelta llegó a contar con una electoralista nueva referencia de la mano del propio Pedro Sánchez, quien en el pasado mes de noviembre aseguró su intención de recuperar la figura si ganaba las elecciones.

La importancia que para el independentismo catalán representa la permanencia en prisión de los condenados por el Tribunal Supremo se encuentra en el origen de la propuesta de reforma del Código Penal del PSOE. Su debilidad parlamentaria y la obligación de sostenerse gracias al respaldo de los republicanos ha hecho que Sánchez olvide el tono del discurso político que sostuvo en la campaña electoral. Esta modificación, considerada por el nuevo Gobierno de coalición como una de las medidas clave para la desjudicialización del conflicto, se ha vendido a la opinión pública como el deseo de dar respuesta a los diferentes "mensajes lanzados desde Europa". Conviene saber, en cualquier caso, que los países de la Unión Europea no cuentan con una relación compartida de delitos. Cada estado miembro tiene plena independencia para definir su código penal y los tipos delictivos atienden a una realidad nacional. Lo que en España es castigado como un delito de sedición no tiene por qué tener idéntico reflejo en otro país. Existen tantos códigos penales como Estados y la búsqueda de su uniformidad conllevaría abiertas ventajas, pero también podría generar severas lagunas. 

El núcleo de la reforma, que pasa por reducir las penas por sedición, beneficiaría directamente a los políticos presos, ya que la retroactividad queda garantizada por el artículo 2 del Código Penal -"(...) tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena (...)"-, permitiendo, de este modo, una rápida excarcelación.

La propuesta de reforma del Código penal, una modificación que al ser una ley orgánica puede aprobarse en el Congreso por mayoría absoluta, no solo trastoca la máxima de evitar legislar en caliente, sino que se acomete sostenida en la privativa necesidad de Sánchez de satisfacer a ERC ahora y hasta que logre el respaldo necesario para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El cambio, que aleja a los socialistas un poco más del obligado consenso que debería existir con las principales fuerzas del arco parlamentario en cuestiones de esta índole, también ha servido para mostrar la fractura interna que sufre el PSOE y para que se escuchen declaraciones como las pronunciadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page: "Con los derechos de los españoles no se mercadea, y con el Código Penal no se puede mercadear. No es una cuestión negociable". 

El empleo del Código Penal como una herramienta de negociación política supone un ataque frontal contra la certidumbre que debe ofrecer la legalidad. La instrumentalización de este marco o su adaptación ‘ad hoc’ solo contribuye a extender la idea de la arbitrariedad. Si Sánchez considera que los condenados del ‘procés’ deben ser indultados sería más honrado por su parte que abordase la decisión asumiendo las posibles consecuencias. El error del presidente pasa por conceder a la reforma del Código Penal una atribución ideológica, una división entre izquierdas y derechas, pensando que su modificación es un hecho progresista capaz de ayudar en la solución del conflicto en Cataluña. 

miturbe@heraldo.es

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