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Opinión

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Ninguna humillación

Por
  • Heraldo de Aragón
ACTUALIZADA 16/01/2020 A LAS 02:00
Iglesias pretende que la Justicia española ha sido humillada.
Iglesias pretende que la Justicia española ha sido humillada.
HERALDO

El Ejecutivo de Sánchez no ha comenzado con acierto en sus relaciones con el poder judicial. A la designación de la Fiscal General se sumó ayer una absurda descalificación de Pablo Iglesias contra los jueces que mereció una rápida respuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial. Se equivoca Iglesias, la Justicia europea no humilla a la española; lo que sí es inquietante es que haya políticos que se resistan a respetar la independencia de los tribunales.

Los órganos judiciales de las instituciones europeas -como el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) o el de Derechos Humanos del Consejo de Europa (TEDH)- corrigen o critican continuamente decisiones de los tribunales de los Estados miembros; y en perspectiva, no es España ni mucho menos el país que más veces haya sido enmendado. En cuanto al ‘procés’ independentista -asunto en el que el vicepresidente Iglesias enmarcaba la supuesta humillación a los tribunales españoles-, solo ha habido dos decisiones de órganos europeos: una del TEDH, que corroboró lo dispuesto por la Justicia española, y la otra, relativa a la inmunidad de Junqueras, en la que el TJUE cambió su propia doctrina y dejó la resolución final al criterio del Supremo español. Las decisiones sobre la no extradición de Puigdemont no fueron tomadas por ‘tribunales europeos’, sino por jueces nacionales de Bélgica y Alemania a los que no hay ninguna razón para suponer ni atribuir ni más acierto ni mayor autoridad que a los españoles, si acaso al contrario. Salvo, claro está, que uno asuma, como al parecer hace Iglesias, los planteamientos políticos del independentismo. Y eso es lo que realmente inquieta a muchos españoles, que el Gobierno de la nación, con ese mantra de la ‘desjudicialización’ del desatino separatista, se estaría situando en una posición que pretende ignorar la trascendencia que la acción independiente del poder judicial tiene para el mantenimiento y el equilibrio del Estado de derecho. Un grave error.

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