Pedro Sánchez ha designado a la hasta ahora ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado sin esperar siquiera a que el nuevo titular del Ministerio jurara el cargo. En España, como en la mayoría de la democracias, el fiscal general es nombrado por el Gobierno, pero no debe obediencia al Ejecutivo. Sin embargo, con esta elección el presidente destruye toda apariencia de imparcialidad en las decisiones futuras del Ministerio Público.

Montesquieu formuló la teoría clásica de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) con la idea de que se frenen y contrarresten entre sí. Sin embargo, los sistemas parlamentarios han evolucionado hacia democracias de partidos, en las cuales la mayor división de poderes es la que existe entre gobierno y oposición. El partido que gobierna intenta acaparar el mayor número de cargos no solo en el poder ejecutivo sino también en los otros dos. Así las cosas, los partidos se convierten para los ciudadanos en causa de preocupación, como lo señalan en España las sucesivas encuestas del CIS, porque los ven como agencias de colocación. Y ese, por supuesto, no es su papel sino el de ser «instrumento fundamental para la participación política», según el artículo 6 de la Constitución.

Pedro Sánchez, que tuvo que corregir sus palabras en plena campaña electoral cuando dio a entender en una entrevista que la Fiscalía depende del Ejecutivo, y su estrategia de colocar a Dolores Delgado de fiscal general pisotean la imagen de independencia e imparcialidad del Ministerio Público. Da la sensación de que pretende controlar así la derivada judicial del ‘procés’ catalán, pero es obvio que no hay justificación alguna para imponer a la Fiscalía límites ajenos a los legales propiamente dichos. El fiscal tiene el deber de perseguir delitos y velar por el cumplimiento de la legalidad, y su acción no puede condicionarse por cuestiones de naturaleza política.