Ya proclamó Alfonso Guerra aquello de que "Montesquieu ha muerto", y Pedro Sánchez parece ser de la misma opinión. Incluso se atreve a asestar una puñalada adicional al cadáver del filósofo que teorizó la separación de poderes. Cierto es que tanto el PSOE como el PP, cuando están en el poder, hacen lo posible, y hasta intentan lo imposible, para mover en favor de sus intereses o ideologías aquellas fichas de la Justicia que quedan al alcance del gobierno o de las mayorías parlamentarias, sea la Fiscalía General del Estado sean los vocales del Consejo General del Poder Judicial o los magistrados del Constitucional. Pero los socialistas han mostrado con frecuencia, en este perverso arte, una especial desfachatez. Parece que dentro de ese partido existe una corriente que considera que la independencia de la Justicia no solo es un incordio para el poder ejecutivo, sino que choca con su concepción de la democracia. Recuérdese por ejemplo, además del descarado aserto de Guerra, a aquel ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que pensaba que los jueces no podían juzgar acertadamente porque habían dedicado demasiado tiempo a estudiar oposiciones. Lo que le hubiera gustado, seguramente, es elegirlos a dedo. El nombramiento, sin solución de continuidad, de la ministra de Justicia como Fiscal General demuestra lo poco que le importa a Sánchez el decoro de una institución capital, que, aunque sea designada por el Gobierno, debiera tener la independencia y la ley como únicas banderas. Pero esto es solo el comienzo. Dotarse de medios para influir en ciertas decisiones del poder judicial es probablemente uno de los elementos centrales de la estrategia de Sánchez. Así que veremos maniobras y batallas para cada puesto que esté en juego. Piénsese que de la composición del Tribunal Constitucional puede llegar a depender, sin ir más lejos, que se celebre o no esa extraña ‘consulta’ a los catalanes a la que Sánchez se ha comprometido.