Pedro Sánchez presidirá un Gobierno con tres vicepresidentas y un vicepresidente, Pablo Iglesias. Teresa Ribera se suma a Carmen Calvo y Nadia Calviño en el segundo escalón del Ejecutivo. Como responsable de Transición Ecológica y Reto Demográfico ya tiene sobre la mesa la tarea de responder a viejas demandas de Aragón. Por una parte, medidas eficaces para luchar contra la despoblación, muy lesiva en la Comunidad. Por otra, firmar el prometido convenio con los municipios mineros del Bajo Aragón antes de que se produzca el cierre de la térmica de Andorra.

La que será nueva vicepresidenta del Gobierno PSOE-UP, un ascenso no previsto que diluye el poder de Pablo Iglesias en el Ejecutivo, conoce bien la realidad de Aragón y el compromiso que adquirió con los trabajadores de la central de Andorra, la comarca de Andorra-Sierra de Arcos y la DGA. Para empezar, sigue pendiente de concretar y firmar el convenio de transición justa, clave para el futuro de Andorra, y el porcentaje que recibirá de los 600 millones de euros anunciados a nivel nacional. La ministra Ribera ha perdido más de un año en arbitrar medidas para el bajo Aragón que aseguren la supervivencia de una comarca amenazada por la despoblación.

Pedro Sánchez utiliza a Ribera, que tiene mucho margen de mejora en su relación con Aragón, para lanzar un doble mensaje. Primero, que es él quien decide cómo es el Gobierno y quién forma parte de él, más allá de las cuatro carteras adjudicados a Unidas Podemos en virtud del pacto de gobernabilidad. Segundo, que da prioridad política a dos nuevas reclamaciones sociales: el medio ambiente y la España vacía. No obstante, el movimiento se demuestra andando: será en los Presupuestos del Estado donde se vislumbrará el verdadero alcance de las políticas del Ejecutivo. Ahí es donde se tienen que ver reflejadas las respuestas a los problemas de Aragón.