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Opinión

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Ordenamiento jurídico "democrático"

Por
  • Jesús Morales Arrizabalaga
ACTUALIZADA 10/01/2020 A LAS 02:00
Opinión
Ordenamiento jurídico "democrático"
F.P.

Según parece, la investidura de Pedro Sánchez como presidente se basa en un acuerdo de partidos políticos para la constitución de una Mesa de gobiernos; en declaraciones de acompañamiento se afirma que asume la Constitución como límite, pero en su texto no aparece. Se quiere hacer pasar como equivalente la frase de su punto 2 ("se actuará sin más límites... que el respeto a los principios del ordenamiento jurídico democrático") pero esa pretendida equivalencia de significado no es defendible.

El derecho busca exactitud; si hay un límite cuyo desbordamiento acarrea consecuencias, debe venir expresado con términos verificables y nítidos; en otro caso no puede acreditarse el incumplimiento, con lo cual nadie podrá sancionar; ni siquiera afear la falta de respeto a la palabra dada. Imaginemos una norma de tráfico que dijese: "en esta vía no se puede ir muy deprisa" y que nos llega un aviso de sanción con esa descripción ¿Qué pensaríamos?

¿Se han verbalizado los límites de la actuación de esa Mesa con la precisión exigible? Veamos.

Una palabra actúa como la muralla de una ciudad: delimita lo que queda dentro del concepto y lo que queremos dejar fuera. Para conseguir este objetivo nuestra expresión verbal busca la economía de medios: usamos el mínimo de palabras necesario para realizar esa delimitación; un escritor competente solo añade palabras si necesita un matiz expresivo que no está claro en la expresión básica.

En un Estado democrático todo el derecho se crea mediante mecanismos de raíz representativa. Por eso, decir "ordenamiento jurídico" y añadir "democrático" parece redundancia torpe. ¿Es eso? Podríamos atribuir el pleonasmo al escaso peso de juristas entre los redactores, y a las prisas; pero en este caso descarto la impericia: se añade "democrático" porque hay algo que está dentro del concepto matriz que quiere sacarse fuera.

Nuestro sistema jurídico tiene Constitución, leyes de Cortes, normas del Gobierno; todas se aplican con los criterios que fijan los tribunales (jurisprudencia). Si quiero expresar un compromiso concluyente tendré que nombrar en él todos estos elementos y someterme a sus prescripciones. El acuerdo que nos ocupa evita esta opción directa y la sustituye por una forzada: principios del ordenamiento jurídico democrático.

Si hoy en España añado "democrático" a "ordenamiento jurídico" estoy diciendo que nuestro ordenamiento tiene una parte no democrática. Estamos ante una "restricción". Si hablo de un amigo y digo "J. no bebe nada entre semana", o soy tonto, o quiero dejar fuera de mi afirmación los fines de semana, sugiriendo que esos días J. se lo bebe todo. En la ideología subyacente a ese acuerdo, parece que la Constitución y los tribunales no están cubiertos por la capa protectora de la democracia; por eso no son nombrados. Encaja este análisis con lo que sabemos por otras vías. Hemos oído a personas relevantes de los partidos firmantes y muñidores del pacto expresar su reserva hacia una Constitución que ven contaminada de franquismo. Y extender esta suciedad a jueces y tribunales. La elocuente marginación de los tribunales es especialmente ominosa cuando en el gobierno hay magistrados de acreditada competencia, y pertenecientes en su día al órgano de gobierno de la judicatura.

Además, la cláusula dice "principios". El límite no es el texto de leyes y decretos, sino unos "principios" que no tienen texto cierto y cuyo incumplimiento es por tanto muy difícil de verificar. Normalmente los principios operan moderando en algún caso el texto de una ley. Aquí aparecen desnudos y sin límite en ningún texto de ley escrita. Eso permite hacer intervenir un genérico "principio democrático" que entre en competencia con el "principio de legalidad". Esta estrategia de choque de principios está en los papeles del independentismo (Levrat, et al.) y es su vía para inaplicar la legislación molesta.

Conclusión personal. Tal y como se ha querido redactar, en la mayor parte de la decisiones no habrá manera de acreditar incumplimiento o quiebra de esos principios. Si alguno no encaja, bastará con pasarle la liendrera y tacharlo de franquista o reaccionario. Como límite, como línea roja, no vale gran cosa. 

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