Pedro Sánchez ha logrado la investidura como presidente del Gobierno a costa de saltarse las líneas rojas del PSOE de no negociar con los herederos de ETA y con independentistas. También ha contado con el decisivo voto de Teruel Existe que ha preferido apoyar a quienes dirigen la política nacional hacia un rumbo incierto respecto a la unidad de España. Ahora debe acometer, con la obligación constante de cumplir y hacer cumplir la Constitución, los retos que el país tiene, desde las pensiones a la despoblación, pasando por la educación y, por supuesto, el conflicto territorial. Su evidente debilidad parlamentaria y que haya mendigado la abstención de partidos manifiestamente contrarios a la Ley Fundamental plantean muchas dudas sobre si tiene capacidad para abordar esas reformas pendientes. No obstante, por el bien del país hay que desearle que sepa actuar con la máxima prudencia y, además, hay que exigirle un riguroso respeto a la voluntad constitucionalista manifestada por los ciudadanos en las urnas. 

La investidura del candidato socialista, en segunda vuelta y por una exigua mayoría de dos votos a favor más que en contra, supone que España entra en una nueva fase política. No solo porque presidirá el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia en 1977, sino también por la compleja gobernabilidad que tiene por delante. El país está pendiente desde hace más de cinco años de que se pongan en marcha reformas urgentes sobre asuntos de gran calado que exigen la modificación de leyes orgánicas. Estos cambios requieren, por la relevancia de estas leyes, el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, un listón que se sitúa por encima del de la investidura de ayer: 176 frente a 167. Es decir, que para que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias puedan cumplir sus compromisos más significativos necesitan acuerdos transversales con un amplio consenso que va más allá de los votos que con tantas dificultades y cesiones han conseguido reunir para sacar adelante la investidura. La legislatura se adivina, pues, muy complicada. En cualquier caso, y como clave de compensación, es positivo para el país que se ponga fin a un larguísimo ciclo electoral y que se empiecen a negociar políticas concretas.

Es importante para España que el PSOE y todos los demás partidos del arco parlamentario den lo mejor de sí mismos para asegurar una gobernabilidad eficaz y fructífera. También para defender la separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) como una de las máximas garantías democráticas.

Están claros los desafíos sociales y económicos, que las fuerzas constitucionalistas y la mayoría de los órganos internacionales vienen definiendo una y otra vez. También está claro el marco político e institucional donde se debe abordar el desafío del independentismo: “El Estado (no solo el Gobierno) garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español” (art. 138.1 CE).