El discurso y la cuestión catalana
Pedro Sánchez ha solicitado esta mañana, al Congreso de los Diputados, su investidura como presidente del Gobierno con un discurso en el que ha señalado los valores en los que pretende inspirar su mandato y ha desgranado algunas de las medidas de su programa, ya conocidas a través del documento que firmaron el PSOE y Unidas Podemos. Pero ha dejado una laguna fundamental en un asunto que gravita como una espada de Damocles sobre esta investidura. El todavía presidente en funciones no ha aclarado a los españoles ni el alcance ni el trasfondo del pacto que ha firmado con ERC.
Es más, respecto a la cuestión catalana, Sánchez ha asumido casi al pie de la letra el planteamiento de las fuerzas independentistas, oponiendo torticeramente el diálogo político, que es indispensable, a una supuesta 'judicialización' del problema. Ha pretendido situarse en una imposible posición equidistante, atribuyendo la deriva del independentismo a los errores del Gobierno de Rajoy y omitiendo la evidencia de que los separatistas pretendieron forzar por vías de hecho la fractura del orden constitucional y de la unidad de España. Lo cierto es que el recurso a los instrumentos judiciales del Estado de derecho ni se opone a las vías políticas ni fue el resultado de una opción errónea por parte de gobiernos anteriores. Tuvo que producirse en respuesta a la flagrante violación de las leyes por parte de quienes dirigían las instituciones catalanas y se apropiaron de ellas para instrumentalizarlas en función de sus espurios propósitos. Cualquier análisis del problema creado por el desafío independentista que olvide esta cuestión está haciendo un flaco favor a la democracia y dando alas al secesionismo. El diálogo político tiene que encauzarse siempre dentro del marco constitucional y de las instituciones previstas en él, pues saltarse las leyes o atentar contra la Constitución no es hacer política, sino delinquir.
El candidato Sánchez ha afirmado ante el Congreso que la 'mesa bilateral' que se ha comprometido a crear entre el Gobierno de la nación y la Generalitat catalana trabajará dentro de la Constitución. Sin embargo, el documento suscrito entre su partido y ERC omite precisamente cualquier referencia expresa a la Constitución y alude a una consulta 'a los catalanes' que, aunque su alcance sigue sin aclararse, suena al referéndum de autodeterminación que piden los independentistas.
El programa de gobierno dibujado por Sánchez tiene aspectos interesantes junto a otros criticables y hasta preocupantes, porque, por ejemplo, habría que analizar los posibles efectos de las subidas fiscales que anuncia o de la contrarreforma laboral sobre la actividad económica y la creación de empleo. Pero hay que ser conscientes de que esta no es una investidura normal, porque puede suponer que dé a España un gobierno que nazca ya prisionero del chantaje de quienes quieren soslayar la Constitución y fracturar la unidad de España. Sería muy grave que fuera así. Sánchez tendrá seguramente ocasión en las réplicas del debate de perfilar sus ideas. Debería aprovechar para aclarar el trasfondo del peligroso pacto que le liga a ERC y que puede convertir su investidura en un ejercicio sumamente inquietante para la mayoría de los españoles.
