El Gobierno se escuda en su situación de ‘en funciones’ para justificar la demora en la actualización de las pensiones -una promesa expresa de Sánchez-, el salario mínimo y los sueldos de los funcionarios, aunque para otros asuntos sí encontró recovecos legales que permitían disponer de fondos. En todo caso, el bloqueo político afecta a la economía y al bolsillo de muchos ciudadanos y ha obligado a prorrogar para 2020 unos Presupuestos que son aún los de 2018.

A pesar del compromiso que Pedro Sánchez había contraído para que las pensiones subiesen en 2020 un 0,9%, lo cierto es que los pensionistas comenzarán el año con sus emolumentos congelados. El Gobierno ha suspendido incluso el mínimo aumento del 0,25% estipulado en la Ley de la Seguridad Social. También permanecerán invariables, a la espera de que se constituya un gobierno con plenitud de competencias, tanto los sueldos de los funcionarios, para los que había previsto un aumento del 2%, como el salario mínimo, que debe negociarse con sindicatos y empresarios. Es verdad que un Gobierno en funciones tiene limitadas sus posibilidades de aumentar el gasto, pero la excusa queda en evidencia porque en un asunto como las aportaciones pendientes a las comunidades autónomas el Ejecutivo sí encontró, hace apenas unas semanas, un camino legal para disponer de los fondos necesarios. 

Quizás Sánchez busca que estas medidas supongan una presión adicional para que su contraparte en la negociación de la investidura sienta la urgencia de la situación, pero en todo caso, frente al ciudadano, el único responsable es el propio presidente. En el paquete de medidas fiscales aprobado por el último Consejo de Ministros del año se incluía también, como era inevitable, la segunda prórroga de los presupuestos elaborados para 2018. No cabe duda de que es urgente que España cuente con un gobierno que trabaje a pleno rendimiento, pero tampoco vale cualquier gobierno.