El Constitucional pone orden
El Tribunal Constitucional acaba de tumbar la Ley de Actualización de Derechos Históricos de Aragón al declarar nulos, total o parcialmente, 23 de los 34 artículos y tres de sus disposiciones, lo que invalida de facto la norma aprobada hace veinte meses por las Cortes a iniciativa de CHA. Cuando el desafío secesionista en Cataluña desestabiliza la política española, era el peor momento para elaborar una polémica ley que al final ha resultado impertinente y desatinada. El TC pone juicio y orden con una sentencia demoledora.
Era la crónica de una inconstitucionalidad anunciada. Ya en el momento en el que fue aprobada, el 28 de junio de 2018, tanto el Gobierno central como el letrado de las Cortes de Aragón formularon objeciones. El PP recurrió la ley ante el Constitucional y, posteriormente, se sumó el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El Alto Tribunal ha atendido el grueso de sus peticiones e incide en que la norma no solo contraviene principios constitucionales, sino el propio Estatuto de autonomía. El TC, que tuvo que mantener la suspensión de un artículo de la ley para impedir que votasen en las elecciones autonómicas aragonesas personas que no estuviesen empadronadas en Aragón, es muy firme al rechazar la foralidad de la Comunidad, la preeminencia de la bandera autonómica o la recuperación de la gestión del agua.
La Ley de Derechos Históricos, aprobada con los votos de PSOE, Podemos, PAR, CHA e IU, abordó asuntos acerca de los cuales no era preciso legislar, olvidó que el fundamento jurídico del autonomismo es la Constitución y enmendó la plana al Estatuto, que nació de un amplio consenso parlamentario. Ahora, el poder del Estado que tiene la misión, al margen de los tres poderes clásicos (legislativo, ejecutivo y judicial), de vigilar la constitucionalidad de las leyes dictamina que desbordó ampliamente la Ley Fundamental.
